El presidente italiano se niega a firmar la "ley de televisiones" de Berlusconi
La oposición celebra la decisión de devolver el texto al Parlamento
Roma
La nueva Ley de Telecomunicaciones, aprobada en un tiempo récord, salvaba de la ilegalidad una de las tres cadenas propiedad de Silvio Berlusconi. Con la decisión de devolverla al Parlamento, el primer ministro y magnate de la televisión italiana se verá obligado a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, el cierre de la cadena Retequattro el próximo 31 de diciembre.
El presidente de la República italiana, Carlo Azeglio Ciampi, devolvió ayer al Parlamento la polémica ley que reorganiza el sistema televisivo nacional y que la oposición considera favorable a los intereses del primer ministro y magnate de la televisión privada, Silvio Berlusconi.
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Ciampi, al que el centroizquierda y numerosos intelectuales pidieron que no firmara la ley -requisito indispensable para su entrada en vigor-, hizo uso de su prerrogativa poco después de entrevistarse con Berlusconi en el Palacio del Quirinal.
La ley de la televisión, aprobada el pasado día 2 tras más de un año de encendidos debates, pone las bases para la privatización de la emisora pública RAI, acelera la introducción de la tecnología digital y hace compatible la propiedad de cadenas televisivas y de periódicos, en contra de lo dispuesto actualmente.
RESPETO DEL PLURALISMO DE LA INFORMACIÓN
El jefe del Estado italiano pide una nueva deliberación del Parlamento sobre "el respeto del pluralismo de la información" y la eventual "creación de posiciones dominantes" en el sector, en una argumentación jurídica que ocupa cinco páginas.
Al término del nuevo debate parlamentario, y si las Cámaras la aprueban por mayoría, la ley deberá ser promulgada sin otros requisitos.
Silvio Berlusconi, que además de primer ministro es propietario de las tres principales televisiones privadas generalistas del país, dijo, poco antes de que se hiciera pública la decisión de Ciampi, que la ley era plenamente constitucional.
La ley ahora devuelta al Parlamento sienta las bases para la privatización de la RAI, aunque sectores específicos de la empresa estatal no podrán ser vendidos al menos hasta 2006, año a partir del cual el ente público podría deshacerse de uno de sus tres canales.
Se establece asimismo un proceso sin fecha fija de finalización, a través de una oferta pública de venta, que no dará a ningún grupo o particular más del 1 por ciento del accionariado.
Otra de las peculiaridades de la ley es la aceleración de las transmisiones en tecnología digital, de modo que el 1 de enero de 2004 la RAI debe haber cubierto la mitad del territorio italiano y un año después el 70 por ciento.
Antes de que finalice 2006 la transmisión se hará solo en digital, lo que supone una prórroga a las concesiones analógicas de la que se beneficia Retequattro, uno de los canales propiedad de Berlusconi, en contra del criterio del Tribunal Constitucional.
Uno de los aspectos más criticados es que la ley permite la propiedad simultánea de televisiones y periódicos a partir de 2008, en contra de lo establecido en la actualidad, lo que la oposición estima que beneficia a Berlusconi.
