Sólo el 18% de víctimas quiere que su maltratador vaya a prisión
Las mujeres optan por penas menores porque temen quedarse sin recursos al depender económicamente de su verdugo
La mayoría de las víctimas de violencia doméstica no piden tras denunciarle que su maltratador vaya a la cárcel, sólo un 18 por ciento opta por esta fórmula. La razón es económica. Las mujeres dependen de sus verdugos y son conscientes de que, si ellos ingresan en prisión, ellas no tendrán un medio de vida. Este es uno de los resultados de un estudio realizado por el Instituto Andaluz de Criminología.
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Según el profesor David Lorenzo Morillas del Instituto Andaluz de Criminología en Granada, autor del estudio 'Análisis criminológico del delito de violencia doméstica', sólo un 18 por ciento de las mujeres víctimas de estos delitos "optan por la condena a prisión de sus maltratadores como solución" a su situación. Esta opción es la que se sitúa en el octavo lugar entre las que eligen las mujeres.
Por el contrario, las posibilidades más aceptadas son la separación, una reprimenda pública del juez que manifieste que la han maltratado o incluso el cumplimiento, por parte del maltratador, de trabajos benéficos a la comunidad.
Así, Morillas, que se apoya en informes estadísticos, la regulación penal y en las experiencias de las víctimas para mostrar una aproximación a la realidad, afirma que "multitud de asociaciones piden un aumento de las penas para estos delincuentes, pero muchas de las víctimas son conscientes de que esta situación les somete a quedarse sin recursos económicos e, incluso, estas asociaciones piden la creación de una ley sobre violencia doméstica, algo que en el Derecho Penal no está bien visto porque el propio Código Penal establece sus propias normas".
ALTERNATIVAS A LA CÁRCEL
Esta situación origina que cada vez sea más atractiva la alternativa que el profesor apunta, que el maltratador "se someta voluntariamente a una técnica de tratamiento y, si los profesionales confirman la certeza de que el sujeto no volverá a reincidir en el maltrato, pudiera conmutar o reducir la pena expresa de violencia doméstica, para que sólo cumpliera las propias por los delitos de lesiones".
El autor critica el Plan de Acción para la Violencia Doméstica 2002/2004, porque no recoge como víctimas de estas agresiones a los niños y a los ancianos, "quienes se encuentran en desamparo y sin mecanismos de denuncia", y propone que se integre finalmente en este plan o en uno alternativo la protección a ambos sectores de población.
Además, Morillas apunta que algunas comisarías de policía "no saben atender a las mujeres que llegan a denunciar casos de maltrato, sin recomendarles los centros de acogida o las instituciones que prestan ayuda en estos casos", y considera importante la educación como solución a este problema.