PSOE e IU estudian recurir ante el TC la negativa de Aznar de explicar en el Congreso su apoyo a la guerra

La socialista Amparo Rubiales se mostró partidaria de acudir al Tribunal Constitucional para que aclare lo que considera un "vacío", aunque no pudo confirmar si el PSOE presentará recurso de amparo. IU ya ha anunciado que se reunirá con el PSOE para intentar que la falta de explicaciones de José María Aznar llegue al alto tribunal.

Ayer, por tercera vez, el PP hizo valer su mayoria absoluta en la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso para rechazar la comparecencia de José María Aznar para aclarar las dudas sobre las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía en su poder Sadam Husein.

El PP interpreta que la Constitución y el Reglamento de la Cámara Baja no capacitan a la Mesa de la Diputación Permanente para tramitar esta petición de comparecencia realizada por el PSOE, IU y el Grupo Mixto. Los tres grupos exigían que Aznar explicara en què informes se apoyó para respaldar la guerra de Iraq y que diera cuenta de los datos que indicaban que el règimen de Bagdad tenía armas de destrucción masiva y conexiones con el terrorismo internacional. IU incluso pedía que el Gobierno entregara todos los documentos que avalaran estas tesis.

Según el Grupo Popular, este tipo de comparecencias no son posibles cuando las Cortes están disueltas, como ocurre en este momento previo a la convocatoria de elecciones generales el próximo 14 de marzo. Esta interpretación es la que ha hecho la Mesa de la Diputación Permanente en sus dos últimas reuniones. Para la vicepresidenta segunda del Congreso, la socialista Amparo Rubiales, esta interpretación es contraria "al espíritu y la letra" de la Constitución y el Reglamento y afirmó que, además, es "una aberración jurídica y política" que Aznar hay dado cuenta de su postura ante el Congreso de Estados Unidos y se niegue a dar explicaciones a la oposición en España.

Por su parte, la vicepresidenta primera, la popular Margarita Mariscal de Gante, explicó que la Mesa se ha guiado por la doctrina seguida en anteriores legislaturas. A su juicio, nadie puede pretender que las Cámaras tengan "los mismos poderes residenciados en la Diputación Permanente que cuando las Cámaras no han sido disueltas", y aseguró que las funciones que le corresponden en estos casos están "tasadas" por la Constitución y el Reglamento de la Cámara.