Las razones de la Comisión Europea para desaconsejar la financiación del trasvase del Ebro
Borrador de nota de prensa a la que ha tenido acceso la SER
Borrador de nota de prensa con la que la Comisión Europea como institución justifica su rechazo a financiar el trasvase del Ebro. Los argumentos surgen después de estudiar dos informes negativos de la Dirección General de Medio Ambiente y de la Dirección General de Economía de la Comisión.
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"La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha emitido informe desfavorable a la financiación de los cuatro tramos del trasvase del Ebro, debido a importantes defectos. El trasvase no garantiza la resolución del problema de falta de agua en el litoral mediterráneo, provocando graves impactos sobre el bajo Ebro, su delta, y los espacios protegidos afectados, además de resultar inviable económicamente.
Según Medio ambiente, el proyecto no garantiza la existencia de agua suficiente en el Ebro para satisfacer las necesidades del litoral sin degradar de forma irreversible el estado actual del bajo Ebro y el delta. Existe incertidumbre sobre el caudal que existiría en el bajo Ebro después de detraer del cauce los teóricos 1.050 hm3 previstos. La Ley del Plan Hidrológico obligaba a la formulación de un Plan Integral Para la Protección del Delta del Ebro (PIDE), que definiría el régimen hidrológico, la calidad del agua necesaria, y la gestión del agua para el control de la intrusión salina, entre otros aspectos. Los estudios básicos de este PIDE están todavía en ejecución. El propio Ministerio de Medio Ambiente reconoce que estadísticamente, uno de cada cinco años no habrá agua suficiente para trasvasar.
El delta del Ebro es un espacio protegido de gran importancia ambiental, económica y social, que puede sufrir graves consecuencias si no se mantiene y mejora su estado actual. Es fundamental detener la intrusión salina y abordar la el problema de falta de aportes sólidos al delta ocasionada por la construcción de obras de regulación (fundamentalmente los pantanos de Mequinenza, Riba-Roja y Flix). Disminuir el caudal en el bajo Ebro implicará en mayor o menor medida un empeoramiento de la calidad del agua de impredecibles consecuencias.
Del análisis del estudio coste beneficio del proyecto, hay que deducir que no queda garantizada su rentabilidad económica y financiera. Se han sobrevalorado los beneficios e infravalorado los costes, ignorando algunos muy relevantes, descartando así otras alternativas económicamente más viables sin una adecuada valoración.
Los costes de funcionamiento del trasvase son muy elevados. Sólo la factura eléctrica del bombeo asciende a 22.000 millones de pesetas anuales, a lo que habría que añadir los costes de potabilización, dada la mala calidad del agua a trasvasar. Sin contar con los 100 hectómetros cúbicos que se pierden durante la conducción.
El precio del agua a pagar por Cataluña financiaría el déficit del resto del trasvase, ya que éste no se calcula sobre el coste real de cada tramo, sino en función de su uso, siendo más cara para abastecimiento urbano que para otros usos. La posición del Gobierno catalán en contra del trasvase en su territorio condiciona gravemente la viabilidad del proyecto.
Las grandes infraestructuras previstas tendrán efectos severos sobre el territorio y los espacios naturales, a lo largo de los casi 1.000 km de recorrido.
El gobierno está licitando contratos importantes relacionados con el trasvase de forma irresponsable, sabiendo que la financiación europea no está garantizada.
En el Mediterráneo hay agua suficiente, más barata y de mejor calidad, que solucionaría las necesidades del levante español, mediante un adecuado proceso de desalación. Con las inversiones necesarias para el trasvase, incluidas las ayudas europeas, se podrían financiar las necesidades previstas además de atender otras necesidades ligadas a la sanidad, la educación, etc".