La Comisión Europea retrasa hasta el verano su decisión definitiva sobre el trasvase del Ebro

Las direcciones generales de Medio Ambiente y de Economía de la Comisión Europea han emitido sendos informes desfavorables a la financiación de los cuatro tramos del trasvase del Ebro, debido a "importantes defectos". La Comisión ha argumentado en una borrador de nota de prensa a la que ha tenido acceso la SER las razones que justifican el rechazo del proyecto. El portavoz de Política Regional de Bruselas, departamento del que depende la decisión definitiva, aseguró ayer que ésta no llegará antes del verano.

También queda en suspenso el borrador de la nota de prensa redactada por la Comisión Europea y basada en los dos informes desfavorables.

Este borrador, al que ha tenido acceso la SER, recuerda que el informe de la Dirección General de Medio Ambiente concluye que "el trasvase no garantiza la resolución del problema de falta de agua en el litoral mediterráneo" y que provoca "graves impactos sobre el bajo Ebro, su delta, y los espacios protegidos afectados", además de resultar inviable económicamente. Según el informe de Medio Ambiente, el proyecto no garantiza la existencia de agua suficiente en el Ebro para satisfacer las necesidades del litoral sin degradar de forma irreversible el estado actual del bajo Ebro y el delta.

Existe incertidumbre sobre el caudal que existiría en el bajo Ebro después de detraer del cauce los teóricos 1.050 hm3 previstos. La Ley del Plan Hidrológico obligaba a la formulación de un Plan Integral Para la Protección del Delta del Ebro (PIDE), que definiría el régimen hidrológico, la calidad del agua necesaria, y la gestión del agua para el control de la intrusión salina, entre otros aspectos.

NO ESTÁ GARANTIZADA SU RENTABILIDAD ECONÓMICA

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Según otro informe de la Dirección General de Economía, al que también ha tenido acceso la Cadena SER, del análisis del estudio coste beneficio del proyecto hay que deducir que "no queda garantizada su rentabilidad económica y financiera".

Dice este borrador redactado por la Comisión que se han "sobrevalorado los beneficios e infravalorado los costes, ignorando algunos muy relevantes, descartando así otras alternativas económicamente más viables sin una adecuada valoración".