Canarias se une a Cataluña y tampoco aplicará la Ley de Calidad
Del Castillo culpa al PSOE y lo considera una "transgresión flagrante de la ley"
El Gobierno autonómico de Canarias tampoco aplicará la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE). Así lo ha asegurado hoy su consejero de Educación, que con esta decisión se ha sumado a la Generalitat de Cataluña. Mientras, el PSdeG-PSOE ha pedido a la Xunta que tampoco aplique la ley desarrollada por el PP.
El Gobierno canario, formado por Coalición Canaria (CC) y el PP, cree que, antes de aplicar la ley tal y como la ha diseñado el Gobierno popular, es necesario esperar a la decisión que tome el nuevo Gobierno socialista, que ya ha anunciado su intención de modificar la reforma impulsada por Pilar del Castillo.
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Así lo ha asegurado el consejero de Educación, José Miguel Ruano, que no cree que su decisión vulnere ninguna ley. Además, Ruano ha mostrado su deseo de que el Ejecutivo que presida José Luis Rodríguez Zapatero "tenga más en cuenta a las comunidades autónomas para elaborar la nueva ley".
CATALUÑA, PIONERA
La Generalitat de Cataluña, gobernada por el PSC, ERC e ICV, fue la primera comunidad autónoma que, tras el cambio de gobierno, anunció su intención de no cumplir la LOCE tal y como está planteada. Siguiendo su estela, el Grupo Socialista en el Parlamento gallego ha exigido a la Xunta que paralice el desarrollo de la LOCE y de la LOU en Galicia hasta que tome posesión el nuevo Gobierno.
Al respecto, el portavoz de Educación del PSdeG-PSOE, José Luis Méndez, ha advertido en concreto sobre el "intento" de la Xunta de "consolidar como funcionarios indefinidos a personas nombradas con criterios políticos para la gestión de educación, por ejemplo en la inspección educativa y en otros puestos".
DEL CASTILLO CULPA AL PSOE
Por su parte, la ministra de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Pilar del Castillo, ha solicitado al PSOE que impida la decisión de la Generalitat. Del Castillo cree que se trata de una "transgresión clara y flagrante de legalidad" del Estado de Derecho.
"Es un disparate mayúsculo y una falta de responsabilidad", ha asegurado a Europa Press la ministra, para quien se trata de una situación "muy grave" y "sin precedentes" en un estado democrático. "Nunca hubo semejante vulneración", ha añadido, y ha explicado que una norma no derogada es de obligada aplicación para todo su ámbito.
