El Gobierno amplía a 570 el número de agentes dedicados a proteger a las víctimas de los malos tratos

La vicepresidenta primera de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, a la espera de la Ley Integral contra la violencia doméstica, se han aprobado diez medidas de carácter urgente porque "no puede pasar ni un sólo día" sin intentar frenar la violencia de género.

"Las mujeres no pueden esperar", decía Fernández de la Vega antes de dar la palabra al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que ha sido el encargado de anunciar las diez medidas urgentes.

Jesús Caldera, tras recordar que la protección de las víctimas de los malos tratos es "prioridad" del Gobierno, resumió las medidas comenzando por señalar que la persecución de los delitos de maltrato será la prioridad de la Fiscalía General del Estado, que extremará las medidas de vigilancia.

MÁS AGENTES DEDICADOS A LAS VÍCTIMAS

El Gobierno ha anunciado que se ampliará el número de policías y guardias civiles dedicados a la protección de las víctimas. En este sentido, Caldera ha asegurado que a los 120 policías que ahora se dedican a esta tarea se sumarán 200 policías y 250 guardias civiles, en total 570 agentes dedicados a la protección de las mujeres maltratadas.

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Se pretende además una intensa colaboración entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y también entre el Ministerio del Interior y la Federación de Municipios y Provincias para que la policía local colabore.

COLECTIVO PRIORITARIO EN LAS POLÍTICAS DE EMPLEO

Otra de las medidas anunciadas tras el Consejo de Ministros señala que la mujer víctima de maltrato será un colectivo prioritario en las políticas activas de empleo. Por otro lado, cada una de las mujeres con orden de protección, según Caldera, tendrá un servicio de teleasistencia. Hasta ahora este servicio no se ofrecía a todas las víctimas con este tipo de medidas cautelares.

Además, la fiscalía prestará especial atención a la solicitud de medidas cautelares para preservar los derechos de las víctimas. En los casos más graves, se llegará a suspender el régimen de visitas a los hijos.

DETENCIÓN SI SE QUEBRANTA LA ORDEN DE ALEJAMIENTO

Caldera ha asegurado también que si se quebrantan las medidas cautelares dictadas por el juez (como la orden de alejamiento), se solicitará la inmediata detención e incluso la prisión provisional para el infractor.

El Gobierno ha anunciado además la elaboración de un mapa de riesgo para facilitar la prevención y la actuación rápida. Además, se elaborará un protocolo de denuncia que permita un mejor conocimiento de cada caso y, en consecuencia, facilite la petición de medidas más eficaces de protección.

Por último, se ha dado instrucción a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para que hagan un seguimiento permanente del colectivo.