Madrid y Andalucía liquidan la deuda de la financiación autonómica tras siete años de litigio

Representantes de la Junta de Andalucía y del Gobierno de la Nación se han reunido hoy en la Comisión Mixta de Transferencias para rubricar los acuerdos para la liquidación del anterior sistema de financiación autonómica correspondiente al quinquenio 1997-2001 a cambio del cobro de 2.500 millones de euros y el traspaso de 12 competencias pendientes a la comunidad autónoma.

En rueda de prensa conjunta al término de la reunión, Zarrías expresó, "en nombre de los andaluces", la "alegría" de la Junta por los acuerdos cerrados con el Gobierno, con los que, a su juicio, "se ha hecho simple y llanamente justicia con Andalucía" y además se consigue una "vuelta a la normalidad en las relaciones institucionales" tras los ocho años de "frustración" vividos con el PP en La Moncloa, en los que sólo se cerraron dos traspasos (Justicia y Políticas Activas de Empleo) frente a los 114 acordados con los Gobiernos de Felipe González.

"Hoy es el día del Corpus, pero también es un día grande para Andalucía porque se ha hecho justicia y la colaboración con el nuevo Gobierno ha permitido cumplir a rajatabla nuestros compromisos en un tiempo récord", proclamó un satisfecho Zarrías, que recordó que "se nos ha dado lo que en justicia nos correspondía y el Gobierno del PP nos negaba" y garantizó que en los próximos años "la lealtad presidirá las relaciones Junta-Gobierno" tomando como base el diálogo y el afán de entendimiento con independencia de que surjan "discrepancias puntuales".

Por su parte, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, señaló que los acuerdos cerrados con la Junta suponen una muestra de "respeto" hacia el pueblo andaluz porque el Gobierno se limita a "cumplir la Constitución, el Estatuto, las leyes y su compromiso político de convertir el diálogo en el eje de su acción política", por lo que dejó claro que el Ejecutivo central no va a "premiar o castigar" a las comunidades autónomas "en función de su color político".

El acuerdo llevará aparejada la retirada de hasta 13 recursos planteados por la administración andaluza ante el Tribunal Constitucional (TC), la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Además la Junta desistirá de los cinco recursos planteados contra la asignación de la participación de Andalucía en los ingresos del Estado fijada por el Gobierno central durante el quinquenio 1997-2001, dos de ellos ante la Audiencia Nacional (1997 y 2001) y tres ante el TSJM (1998, 1999 y 2000). La Audiencia Nacional dio la razón a la Junta en el primero de ellos en junio de 2002, resolución que fue recurrida por el Gobierno, que presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) aún pendiente de resolución.

Por su parte, el TSJM estimó los argumentos esgrimidos por la administración central en los recursos correspondientes a los años 1998 y 1999, decisiones que fueron recurridas por la Junta en casación ante el TS sin que haya resolución definitiva hasta el momento. Por su parte, los recursos correspondientes a los ejercicios de 2000 y 2001 aún están pendientes de sentencia.

DOCE TRASPASOS

Además de poner fin al contencioso sobre el anterior modelo de financiación autonómica, Junta y Gobierno cerrarán el traspaso de un bloque de 12 competencias, entre ellas la Confederación Hidrográfica del Sur (CHS), las cuencas intracomunitarias de los ríos Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel y Piedras, y la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina (ISM), cuyo montante económico global se cifra en torno a los 500 millones de euros.

El resto de transferencias, de índole menor, se completa con las ayudas a libros; ampliación de medios de protección a la mujer; escuelas viajeras; docentes de Instituciones Penitenciarias; mediadores de seguros privados; ampliación de medios en materia de enseñanza náutico-pesqueras; ampliación de agricultura (FEGA); modificación en materia de agricultura (FEGA); ampliación de pesca (cofradía de pescadores); y acuerdos de regularización de deuda de superficie.

Una vez cerrada este primer bloque de traspasos, la Junta tiene intención de plantear un segundo paquete de transferencias a partir de septiembre en el que se incluirá, entre otras cuestiones, la "cogestión" de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la "presencia" de representantes del Ejecutivo autonómico en la gestión de la cuenca del Guadiana y del Segura.