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El Tribunal de Cuentas detecta salvedades en la gestión de ayudas por los seísmos en 2001 en El Salvador

Ni la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional ni la AECI, controlaron la cuenta bancaria de las donaciones

El Tribunal de Cuentas destaca, en su informe fiscalizador sobre subvenciones gestionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en 2001, que "en la recaudación y aplicación de las donaciones para los damnificados por los terremotos sufridos por El Salvador en los meses de enero y febrero de 2001 se produjo la inobservancia de ciertos trámites formales establecidos en la normativa reguladora de la gestión de los fondos públicos, más allá de lo que autorizaban las circunstancias de emergencia y urgencia concurrentes en la situación".

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En el informe se señala que la cuenta bancaria en la que se recaudaron los fondos fue abierta en enero de 2001 por el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Miguel Ángel Cortés) sin autorización de la Dirección General del Tesoro y sin suscribir el preceptivo contrato de apertura, incumpliendo lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, además de que no quedaron determinadas hasta diciembre de 2001 la titularidad de la cuenta, ni hasta febrero de 2002 las personas autorizadas para disponer de los fondos.

Las transferencias de los fondos a El Salvador se realizaron sin pasar por la cuenta de la AECI en el Banco de España y sin registrar los ingresos y pagos ni tramitar los correspondientes expedientes de gasto hasta diciembre de 2001.

La cuenta abierta en El Salvador por el embajador de España a la que se transmitieron fondos carecía de autorización de la Dirección General del Tesoro, siendo su titular "Ayuda española a El Salvador", que no tiene personalidad jurídica, y la disposición de fondos se hacía con una sola firma.

La asignación de los fondos a las contrapartes locales, fundamentalmente instituciones gubernamentales salvadoreñas, para financiar los proyectos subvencionados, se realizó sin formalizar el acuerdo de concesión de las ayudas, incumpliendo lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria.

SIN CONTROL SOBRE LAS CUENTAS

Ni la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional ni la AECI efectuaron control alguno de las operaciones realizadas a través de la cuenta bancaria en la que se recaudaron las donaciones, a pesar de los numerosos cargos registrados en la misma. Como resultado de los trabajos de fiscalización, se detectaron cargos indebidos, y no quedó acredita la procedencia de 456 cargos por importe de 180.628 euros.

DATOS INCORRECTOS EN PRENSA

Un apartado del informe lo dedica el Tribunal de Cuentas a examinar el "anuncio de agradecimiento" por las donaciones recibidas insertado en marzo de 2001 en prensa con los anagramas del Ministerio de Exteriores y el de la AEC.

El tribunal señala al respecto que el importe que se daba sobre total de donaciones no coincide con el de los extractos bancarios, que la distribución del gasto que incluía no se corresponde de la real y que, entre otras cosas, se afirmaba que para asegurar el buen fin de la ayuda y la transparencia en la gestión se había encomendado a una determinada firma la realización de una auditoría externa.

"Sin embargo -añade el informe-, a la fecha del anuncio no se había suscrito ningún contrato de auditoría. El primer contrato, sólo para cuatro proyectos, se celebró el 26 de marzo de 2001, y el segundo, para el resto de proyectos, no se suscribió hasta febrero de 2002. Ambos contratos fueron suscritos con una firma diferente de la que figuraba en el anuncio".

Miguel Cortes: "En 2001 la cuenta se regularizó como cuenta de la Agencia de Cooperación Española"

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