Grecia, Malta y Chipre impiden un acuerdo para imponer sanciones por la contaminación marítima
La propuesta estipulaba multas y penas de cárcel
Tres países de la Unión Europea (UE), Grecia, Malta y Chipre, impidieron hoy un acuerdo para imponer sanciones penales a los responsables de la contaminación del mar, informaron fuentes comunitarias.
En un debate en el Consejo de ministros de Justicia e Interior de la UE, reunido en Luxemburgo, esos tres países impidieron el acuerdo sobre una propuesta que estipulaba un nivel mínimo de multas y penas de cárcel de entre uno y diez años.
La propuesta, que será enviada al Consejo Europeo, estipulaba unas multas entre 150.000 y 300.000 euros para los casos de contaminación no intencionada y de entre 750.000 y 1.500.000 en los más graves con intencionalidad.
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Estas cantidades son niveles mínimos, lo que impediría a los Estados imponer multas inferiores, pero no establece ningún techo máximo, que Grecia, Malta y Chipre insistieron en incluir, explicaron las fuentes.
En cuanto a las penas de cárcel, se proponía una pena de entre 1 y 3 años de prisión para los delitos menores y no intencionados y de entre 5 y 10 años cuando exista intencionalidad y el delito "haya causado un daño significativo a la calidad de las aguas, especies animales o vegetales y la muerte o daños graves a personas".
Según las delegaciones de Grecia, Malta y Chipre, si se establecen unas sanciones penales en Europa superiores a las que contemplan los convenios internacionales -Marpol sobre contaminación causada por barcos y UNCLOS, de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar- se estaría penalizando a los armadores europeos sobre los del resto del mundo.
Frente a este argumento, la delegación portuguesa abogó por lograr un compromiso para forzar a una evolución de la legislación internacional hasta los niveles propuestos en la UE.
El director general de Justicia de la Comisión Europea, Jonthan Faull, afirmó que si el Consejo lo pide estarían dispuestos a trabajar para "alinear la legislación internacional a la europea".
Ante la falta de acuerdo, la presidencia holandesa de la UE decidió enviar el asunto al Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas los próximos días 4 y 5 de noviembre, para que sean los jefes de Estado y de Gobierno los que adopten la decisión