La Comisión Europea confirma que la venta de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid es legal
La Comisión Europea ha archivado su investigación sobre la venta de los terrenos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, tras no hallar indicios de que la operación encubriese ayudas públicas ilegales al Club, según han informado fuentes del Ejecutivo comunitario.
La investigación arrancó el pasado enero, cuando, tras recibir varias denuncias sobre un supuesto trato de favor al Real Madrid, los servicios del comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, solicitaron al Gobierno español detalles sobre la recalificación y posterior venta de los terrenos.
El regulador europeo inquirió acerca de los términos de los contratos y la suma pagada por las parcelas, considerando, a partir de las denuncias recibidas, que entre los compradores había entidades públicas que habrían abonado al club un precio elevado artificialmente por la recalificación previa de los terrenos.
El Gobierno remitió en marzo información sobre los compradores privados: la constructora OHL, la petrolera Repsol YPF, la Mutua Automovilística de Madrid y la compañía inmobiliaria Sacyr Vallehermoso. Y en junio el Gobierno español envió la información suplementaria para aclarar cuál es el estatus de los compradores.
El entonces portavoz de Competencia de la Comisión, Tilman Luder, ya anunció que de confirmarse que todos eran privados "no habría lugar a investigar posibles ayudas públicas" y se cerraría el caso, como finalmente ha sucedido.
Los hechos analizados se remontan al 7 de mayo de 2001, cuando la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, y el Real Madrid firmaron un acuerdo para la recalificación de los terrenos de la Ciudad Deportiva madridista.
Como consecuencia del convenio, 30.000 metros cuadrados de terrenos considerados antes "equipamientos deportivos privados" y no urbanizables, pasaron a ser calificados genéricamente como terreno "terciario" o edificable. Posteriormente, parte de los derechos de edificabilidad de estos terrenos fueron vendidos a las empresas mencionadas para construir cuatro torres de oficinas de entre 45 y 60 pisos de altura.
Esta recalificación fue aprobada por la práctica totalidad de fuerzas políticas y apoyada por asociaciones de vecinos sindicatos y organizaciones empresariales.
