El Supremo de EEUU estudia si se puede culpar al P2P por la piratería

Washignton

Ambas redes operan de la misma forma que lo hiciera Napster, la primera que irrumpió hace dos años en el mundo musical de Internet, pero en este caso la copia se realiza entre los usuarios. En el caso de Napster, que proporcionaba los archivos para que el usuario copiara directamente la música, las protestas de la industria la obligaron a cesar sus operaciones.

Hace tres meses, un tribunal federal de apelaciones de San Francisco (California) señaló que el uso de las redes para copiar archivos no puede considerarse una violación de los derechos de propiedad intelectual, por cuanto también se pueden usar con objetivos legítimos. Añadió que esas empresas sólo proporcionan el software que permite a los usuarios copiar información de Internet, sin considerar si ésta está protegida o no por los derechos de propiedad intelectual.

El fallo fue un duro golpe para las empresas discográficas y los estudios cinematográficos por lo que, según dijeron, la copia de sus materiales ha reducido drásticamente sus ganancias. "Esto causa un daño catastrófico y multimillonario a los demandantes. El problema no se puede resolver con demandas judiciales contra los millones de usuarios individuales de esos servicios", dijo los estudios Metro Goldwyn Mayer al apelar la decisión. Por su parte, la Asociación de la Industria Discográfica de EEUU (RIAA) señaló que si no se aplican controles para esta actividad, nunca habrá normas parejas para los usuarios legítimos de los archivos musicales a través de la Internet.

Las fuentes indicaron que si el Supremo ratifica el fallo del tribunal de apelaciones, las empresas discográficas tendrían que tomar medidas legales, no contra Grokster y StreamCast, sino contra millones de usuarios de Internet que intercambian música y películas.

En Estados Unidos, las discográficas ya han demandado a más de 3.400 de esos infractores de los derechos de propiedad intelectual a través de Internet. Hasta ahora se han resuelto unos 600 casos y los usuarios han tenido que pagar multas de alrededor de 3.000 dólares cada uno.