¿Qué son los 'papeles de Salamanca'?
Los conocidos como "papeles de Salamanca", objeto de la disputa, son un conjunto de documentos incautados durante la Guerra Civil por las tropas de Franco a la Generalitat y a otras instituciones catalanas y que el gobierno catalán lleva más de 20 años tratando de recuperar.
El Archivo General de la Guerra Civil está formado en su núcleo principal por los documentos que el ejército de Franco obtenía selectivamente de organismos e instituciones en los diversos frentes durante la Guerra Civil.
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Esos papeles requisados en distintos lugares se enviaban a una Delegación Central de Recuperación de Documentos en Salamanca para formar una de las fuentes básicas de información para el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, creado en 1940.
Esos servicios documentales, tras pasar por diversas situaciones administrativas, se adscribieron en 1977 al Ministerio de Cultura, formaron una División Independiente del Archivo Histórico Nacional en 1979 y se constituyeron en el actual Archivo General de la Guerra Civil Española, en 1999.
AÑOS 80, PRIMERAS RECLAMACIONES
Las primeras reclamaciones para la devolución a Cataluña de los documentos incautados a la Generalitat y que forman parte de ese Archivo comenzaron en los años ochenta.
En 1995 el Gobierno socialista acordó que fueran devueltos a Cataluña, lo que originó una polèmica que se ha mantenido desde entonces y que ha enfrentado a esa Comunidad con la de Castilla y León.
En julio de 2002, el Patronato del Archivo General de la Guerra Civil, presidido por la entonces ministra Pilar del Castillo (PP), rechazó el traslado de documentos a Cataluña, decisión que justificó en la necesidad de preservar la unidad del archivo en consonancia con las recomendaciones de la Unesco.
El ministerio y la Junta de Castilla y León dieron entonces por cerrado el asunto, pero la Generalitat anunció su intención de recurrir.
PLENOS Y PATRONATOS
En mayo de 2004, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley socialista que instaba al Gobierno a negociar antes de fin de año una solución al contencioso.
El 15 de junio la Comisión Permanente del Patronato del Archivo acordó nombrar una Comisión de Expertos encargada de redactar un informe técnico-jurídico para solucionaron el contencioso.
El 3 de noviembre el Pleno del Patronato aprobó por 13 votos a dos -los de la Junta de Castilla y León y del alcalde de Salamanca- la lista de 18 expertos integrada por juristas, historiadores, archiveros y personalidades de reconocido prestigio que hoy ha emitido su dictamen.
