Jordi Sevilla dice que el Plan Ibarretxe es inconstitucional y que el Gobierno aplicará leyes

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha afirmado que el Plan Ibarretxe es inconstitucional, por lo que dijo que "habrá que responder con las leyes", aunque consideró que el Gobierno está "tranquilo" tras su aprobación en el Parlamento vasco, ya que "la mayoría de los ciudadanos vascos no están de acuerdo".

Sevilla subrayó que tienen la "fuerza de la razón, de las leyes y de la democracia" y apostó "por que se deje funcionar la Constitución y el procedimiento democrático y que sea en el Parlamento donde una inmensa mayoría de españoles diga no a esta imposición de la ruptura y de la confrontación en el País Vasco". A su juicio, el Nuevo Estatuto Político para la Comunidad de Euskadi es "inconstitucional, pero hay que responder con las leyes y con la política", al tiempo que consideró que "deja a Euskadi fuera de España y de la Unión Europea, aislada".

Explicó que la respuesta jurídica podría ofrecerse a través de la impugnación del acuerdo de la Cámara vasca ante el Tribunal Constitucional, como ya ha pedido el PP al Gobierno. No obstante, señaló que habrá que añadir una respuesta política a través de un debate parlamentario en el que se muestren las razones de la oposición del Ejecutivo central. "No estamos dispuestos a eludir el debate", aseveró el ministro, quien señaló que José Luis Rodríguez Zapatero acordará con el líder del PP, Mariano Rajoy, "los mecanismos y trámites a seguir en el Parlamento".

Con respecto a la alternativa a esta propuesta, presentada por el PSE, consideró que "responde a los tiempos actuales y a la nueva dinámica territorial y política abierta en España con el PSOE". Sevilla se refirió además a las denominaciones de las CCAA y, al respecto, subrayó que no hay obstáculo para que éstas puedan denominarse como quieran en sus respectivos estatutos de autonomía, si bien advirtió de que ello no deberá tener consecuencias políticas, jurídicas o económicas. Recordó que la Constitución reconoce que España es una nación compuesta de nacionalidades y regiones, lo que, a su juicio, "combina muy bien el reconocimiento de la unidad nacional con la diversidad y la pluralidad".

Consideró que para modificar esta denominación en la Constitución "harían falta muy buenas razones que hasta ahora nadie ha dado" y un consenso equivalente al que tuvo la Carta Magna. "Si dentro de los estatutos, las CCAA se sienten más cómodas o mejor identificadas con una denominación u otra y si hay consenso en esa comunidad para hacerlo es legítimo", resaltó.

"Lo que no se puede pretender -continuó Sevilla- es que la parte se imponga al todo y que una comunidad concreta quiera imponer al resto de España que se llame de una manera determinada más allá de lo que establece el Estatuto y la Constitución". Señaló que las reformas de los estatutos de autonomía deben llevarse a cabo mediante leyes orgánicas aprobadas en el Parlamento nacional, por lo que "la negociación tiene que ser obligatoria".

Respecto a la propuesta de reforma del Estatuto catalán, insistió en que "tiene que haber un espacio para la negociación y el diálogo", ya que "no es razonable pensar que un Parlamento autonómico tiene que imponer al Gobierno lo que tiene que hacer". No obstante, consideró que el Parlamento catalán "no va a aprobar algo que sepa que no puede salir en el nacional" y agregó que el tema de la autodeterminación no lo plantea ninguno de los partidos catalanes como algo que se deba de incluir ahora en el Estatuto.