Sociedad | Actualidad

La Policía descubre vínculos entre Aukera Guztiak y el entorno de ETA

Interior ha encontrado 1.200 sospechosos en la 'lista blanca' de Batasuna

La investigación policial sobre los avalistas de la plataforma Aukera Guztiak, que pretende concurrir a las próximas elecciones autonómicas vascas, ha revelado que 1.200 de los 27.000 firmantes han tenido relaciones con ETA o su entorno, y sobre todo vínculos con la 'Kale borroka' o terrorismo callejero. Así lo desvela hoy el diario El País, que publica que los investigadores han grabado en ordenador los nombres de los firmantes y los han cruzado con sus archivos. La plataforma considera que se trata de "espionaje político".

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El Estado encargó a Interior el estudio de la identidad de los avalistas de Aukera Guztiak para averiguar, según las fuentes consultadas por dicho diario, si la plataforma es una continuación de Batasuna, un partido político declarado judicialmente ilegal.

La Policía se puso manos a la obra y a lo largo de todo el fin de semana introdujo los nombres de los 27.000 firmantes en sus ordenadores y los cruzó con sus archivos. El resultado: el 4% de aquéllos han tenido con anterioridad problemas con la justicia o las fuerzas de seguridad por estar relacionados con ETA o su entorno.

Aukera Guztiak, por su parte, considera que la revisión de todos los firmantes de su candidatura es una medida "que rebasa todos los límites", ya que se trata de "espionaje político" y sugiere que muchos de los partidos estatales "no superarían la prueba si se investigara a sus militantes", dijo la cabeza de lista por Vizcaya, Marije Rodríguez de Lera.

El estudio de la Policía ha sido entregado esta tarde a la Fiscalía General del Estado como apoyo a las pruebas que ya están siendo aportadas para impugnar la candidatura, que está prevista para el próximo jueves antre la sala Especial del Tribunal Supremo.

El alto tribunal contaría entonces con 48 horas para pronunciarse. Si se anulara la candidatura, Aukera Guztiak dispondría de dos días para poder recurrir al Tribunal Constitucional, que debería pronunciarse antes del 1 de abril.

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