El error de votación de una diputada de IU provoca un dictamen contradictorio sobre la custodia compartida

Un error de la diputada de IU-ICV Isaura Navarro a la hora de votar propició hoy que el dictamen sobre la ley del divorcio saliera de la Comisión de Justicia con una redacción contradictoria sobre la custodia compartida: el juez puede otorgarla sin acuerdo de los cónyuges y al tiempo se exige ese acuerdo. El error se podrá subsanar en el pleno de la Cámara que se celebrará en dos semanas.

La posibilidad de que un juez concediera la custodia compartida de los hijos sin un acuerdo de los padres se había restringido considerablemente gracias a que el PSOE había aceptado que esa potestad sólo pudiera ejercerse "excepcionalmente" y a petición de una de las partes, redacción que previsiblemente quedará al final.

Sin embargo, tanto el PP como CiU, el PNV y CC defendían la necesidad de que la custodia compartida sólo pudiera concederse de mutuo acuerdo. Al votarse una enmienda de los nacionalistas vascos en ese sentido, la diputada Navarro se equivocó, la apoyó y fue aprobada por 19 votos frente a 18.

A pesar de sus súplicas, el presidente de la Comisión, Álvaro Cuesta, explicó que "por error" no se podía repetir una votación, con lo que el dictamen tenía que continuar con ese "pegote inconexo".

Los cónyuges compartirán las tareas domésticas

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Al margen de ese incidente, los diputados aprobaron varias modificaciones al proyecto de ley, entre las que destaca la enmienda defendida por la portavoz del PNV, Margarita Uría, para modificar uno de los artículos del Código Civil relativos al matrimonio.

Los cónyuges, además de estar obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (redacción actual), deberán "compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y la atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a cargo".

Aunque varios grupos querían también que se garantizara el pago de las pensiones compensatorias, el PSOE se opuso por razones económicas. Tanto el PP como CiU pidieron que en los divorcios contenciosos fuera necesario alegar causas para la separación con el fin de facilitar la tarea del juez que tiene que decidir los efectos de esa separación, pero el PSOE se opuso en defensa de la libertad de las partes.