La Junta andaluza embargará bienes a Bolidén por los gastos del vertido tóxico de Aznalcóllar
La rotura de una balsa causó el desastre ecológico en 1998
Madrid
Una orden firmada por la consejera de Medio Ambiente de Andalucía agota los recursos de al empresa sueca Boliden, que si no paga la indemnización de 90 millones de euros exigida por la Junta verá sus bienes embargados. El Gobierno andaluz quiere resarcirse por los costes que en su día tuvo que asumir para cubrir los daños producidos por el vertido tóxico en las minas sevillanas de Aznalcóllar.
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El vertido de Aznalcóllar se produjo en abril de 1998 a causa de la rotura de la presa de contención de la balsa de decantación de una mina de pirita. El vertido de agua ácida y lodos tóxicos con altas concentraciones de metales pesados tuvo graves consecuencias para la zona, donde resultaron arrasadas cosechas, fauna, flora y suelos.
El vertido se desbordó sobre las riberas de los ríos Agrio y Guadiamar a lo largo de 40 kilómetros, con una anchura media de unos 400 metros. La superficie afectada fue de 4.402 hectáreas y por fortuna los lodos no llegaron a alcanzar el Parque Nacional del Coto de Doñana, pero las aguas sí invadieron la región externa del Parque Nacional y desembocaron en el Guadalquivir en el área del Coto de Doñana, alcanzando finalmente, ya poco contaminadas, el Océano Atlántico, en Sanlúcar de Barrameda.
La mina de Aznalcóllar es propiedad de la multinacional sueca Bolidén-Aprisa.
