La historia de dos leyes muy especiales
Las denominadas Ley de Obediencia Debida y Ley de Punto Final, anuladas hoy por la Corte Suprema argentina, fueron aprobadas a mediados de la década de 1980 bajo la presión de los militares, de acuerdo con la siguiente cronología.
Diciembre de 1986
El Parlamento aprueba la Ley de Punto Final, que pone un límite de tiempo para la acusación y el procesamiento de acusados de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, lo que deja fuera de proceso a miles de policías y militares.
Junio de 1987
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El Parlamento aprueba la ley de Obediencia Debida, que consagra la teoría de que los oficiales de rango inferior y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad actuaron en la represión ilegal forzados por los mandos superiores.
Octubre de 1989
Un indulto dictado por el presidente Carlos Menem permite abandonar la prisión a 277 personas, entre ellas militares acusados de crímenes de lesa humanidad y dirigentes de grupos guerrilleros que actuaron en la década de 1970.
Diciembre de 1990
Otro indulto dispuesto por Menem beneficia a los mandos de las Juntas Militares que encabezaron el golpe de Estado de 1976, entre ellos los ex dictadores Jorge Videla y Roberto Viola, además del almirante Emilio Massera.
Marzo de 2001
El juez federal Gabriel Cavallo declara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida a partir de un recurso formulado por una agrupación defensora de los derechos humanos.
Noviembre de 2001
En segunda instancia, la Cámara Federal de Buenos Aires confirma el fallo del juez Cavallo sobre la nulidad de las "leyes del perdón".
Agosto de 2003
Por amplia mayoría el Parlamento declara "insanablemente nulas" las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Septiembre de 2003
La Cámara Federal de Buenos Aires ordena la reapertura de dos grandes causas por violaciones de los derechos humanos que habían sido cerradas a partir de la aprobación de las "leyes del perdón".
Mayo de 2005
El jefe de los fiscales federales, Esteban Righi, dictamina que las dos normas son inconstitucionales, al día siguiente de que el presidente Néstor Kirchner reclamase a la Corte una definición sobre estas leyes.
14 de junio de 2005
La Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
