Los profesores de religión temen el cambio de la LOE que deja su contratación en manos exclusivas de la Iglesia

El Gobierno ha modificado sustancialmente el estatus laboral de los profesores de religión católica en la reforma educativa que llevará a las Cortes en septiembre. La Federación de Profesores de Religión ha denunciado que la disposición adicional segunda da la LOE rompe la jurisprudencia de los tribunales, que determinan que la Administración es su empleador. Creen que tener a la Iglesia como empleadora generará en más atropellos.

El régimen laboral de los profesores de religión católica va a cambiar a partir del curso escolar 2007-2007, cuando entra en vigor la nueva ley de educación. Ese cambio histórico está incluido en el proyecto de ley y pretende situar en el tejado de los obispos la responsabilidad completa en cuanto a contrataciones y despidos de docentes de religión católica.

El Estado sólo abonaría, por pago delegado, los sueldos y velaría porque los contratos se ajusten a la legislación laboral. Eso cambia sustancialmente respecto lo que pasa ahora: la administración es la única responsable ante Magistratura de Trabajo. De hecho, los prelados proponen a los profesores, pero si estos no cumplen con las normas morales de la Iglesia, dejan de estar contratados.

Con este cambio, el Estado pretende evitar el gasto que suponen los despidos improcedentes de docentes de religión católica y, sobre todo, evitar que exista una puerta de entrada para obtener un puesto fijo en la administración.

Así las cosas, tras la reforma educativa será la Iglesia católica la que deba afrontar sus compromisos en materia laboral, la que reciba la sentencias de magistratura y la que asuma los contratos indefinidos de los profesores que han resultado despedidos. El Estado quedará entonces como garante de que se cumpla la legalidad.

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