Conducir hablando por el móvil costará hasta 300 euros desde hoy
Asociaciones de automovilistas denuncian lagunas de ilegalidad en la nueva Ley de Seguridad Vial
Hablar por el móvil mientras se conduce puede costar a la persona que lo haga hasta 300 euros de acuerdo con la nueva Ley de Seguridad Vial que entra en vigor hoy. Sólo se aplicará la Ley en lo que se refiere a modificaciones en la calificación de algunas infracciones y sanciones. Varias asociaciones de automovilistas denuncian lagunas de ilegalidad en la nueva Ley de Seguridad Vial.
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El nuevo artículo 65 de la Ley establece que las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Infracciones que antes se consideraban leves como hablar por el móvil, circular sin haber pasado la ITV, llevar auriculares, utilizar mecanismos de detección de radar, tener el carné caducado o no utilizar casco, cinturón o dispositivos de retención infantil pasaran ahora a tratarse como infracciones graves y podrán sancionarse con multas de 91 a 300 euros.
Entre las infracciones que la Ley pasa a considerar como muy graves: conducir un vehículo sin haber obtenido el permiso de conducir, circular con un vehículo no matriculado o que incumpla las condiciones técnicas y circular por autopistas o autovías con vehículos expresamente prohibidos para ellos. Las sanciones para estas infracciones oscilaran entre los 301 y los 600 euros y la suspensión del permiso de conducción en todo caso.
La nueva Ley modifica también el plazo para pagar una multa. Si antes el plazo se prolongaba hasta el momento en que se dictara resolución del expediente sancionador, lo que generaba cierta indefinición, ahora se establece un plazo máximo de 30 días desde la notificación para el abono de una sanción con la reducción del 30%.
Lagunas de ilegalidad
En esta reforma existen lagunas de ilegalidad, según varias asociaciones de automovilistas. La primera pasa por los 1.500 euros de multa si el titular del vehículo no identifica al conductor infractor. La averiguación de identidades es una competencia de la policía, no del ciudadano.
La segunda: los 300 euros por conducir con el carné caducado. Como dicen estas organizaciones, mejor sería que la DGT ampliara su plantilla para devolver en tiempo y forma los permisos renovados.