El Consejero de Justicia vasco pide a los jueces que tengan en cuenta el "momento político"
Antes acababa de criticar la "judicialización de la política"
El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkárraga, en una reunión con la directora de Instituciones Penitenciarias, instó hoy al Gobierno a "dar pasos" para mejorar la situación de los presos vascos que están repartidos por cárceles españolas para que haya movimientos en favor de la paz. Mercedes Gallizo justificó la negativa del Ejecutivo de reagrupar a los presos de bandas armadas para "proteger a la sociedad".
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Azkárraga, tras entrevistarse con la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, dijo a los periodistas que si el Gobierno actúa "en lo que nosotros llamamos humanización del conflicto y del sistema penitenciario", esto puede "hacer mover a otros", en clara referencia a la banda etarra.
Insistió en que todos "tenemos que dar pasos" dentro de este "momento político nuevo, en que el que estamos, sin duda, en este país". Además, el consejero vasco criticó la "constante judicialización de la vida política", y consideró que los jueces "tienen que ser conscientes del momento político que estamos viviendo y actuar en consecuencia". Agregó que "algunos pasos" judiciales que se han venido dando, "no benefician el proceso de diálogo".
Competencia de prisiones
Asimismo, el responsable vasco de Justicia manifestó que había trasladado a su interlocutora el interés de su Ejecutivo por asumir la competencia en materia de política penitenciaria, al tiempo que criticó que esto fuese rechazado este miércoles en el Congreso el ministro del Interior, José Antonio Alonso. El consejero consideró "decepcionante y tan mezquina" esta posición.
Por su parte, Mercedes Gallizo se limitó a reiterar la posición manifestada por el titular de Interior y afirmó que "no hay ninguna previsión" de trasladar esta competencia al Gobierno vasco ni a ningún otro ejecutivo regional. Además Gallizo justificó la negativa del Ejecutivo de reagrupar a los presos de bandas armadas para "proteger a la sociedad" por lo que mantendrá la política de dispersión "que favorece el control de estas personas".
