Barcelona multará a clientes y prostitutas callejeras
También a vendedores y compradores del 'top manta'
La nuevas ordenanzas para promover la convivencia del Ayuntamiento de Barcelona permitirán multar a las prostitutas callejeras y a sus clientes, a vendedores y compradores del 'top manta' y la práctica de la mendicidad agresiva.
El alcalde de Barcelona, Joan Clos ha explicado en rueda de prensa que esta normativa, que se prevé entrará en vigor en enero, será el instrumento, "precursor" en toda España, con el que el ayuntamiento pretende controlar a los ciudadanos incívicos.
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Clos ha querido dejar claro que no quieren prohibir la prostitución, ni hacer un juicio ético sobre la misma, sino que pretenden mejorar la convivencia en las zonas en las que se registra una concentración de estas prácticas, con multas de hasta 600 euros.
Contra la mendicidad agresiva
La mendicidad agresiva, incluida la que realizan los limpiaparabrisas, podrá ser sancionada con multas de entre 120 y 1.500 euros, mientras que la compra y venta callejera ilegal supondrá multas de entre 125 a 500 euros tanto para los vendedores como para clientes, a la vez que prevé la posibilidad de que la Guardia Urbana puedan realizar decomisos del género.
A beber a casa
La ordenanzas prohibirán el consumo de alcohol en la calle -menos en terrazas y determinas fiestas- y está práctica se sancionará con multas de entre 30 y 1.500 euros, con la posibilidad de hacer responsable a los padres de los menores que incumplan esta norma.
No se orina en la calle
Hacer las necesidades fisiológicas (orinar, defecar, escupir, vomitar u otras) en la vía pública, especialmente en las zonas más transitadas de la ciudad costará entre 300 y 1.500 euros, mientras que se pagarán de 120 a 3.000 euros por practicar algunos juegos (monopatines), hacer acrobacias, o apuestas de azar (trileros) en el espacio público.
Tampoco pintadas
Un título específico es el referido a las pintadas, colocación de carteles y folletos, que quedará prohibido, con sanciones graduales de entre 120 a 3.000 euros, con responsabilidad directa para los padres de los menores que puedan cometer estas infracciones.
El alcalde ha recalcado que la ordenanza debe contar con todas las garantías jurídicas con objeto de que sea eficaz cuando entre en funcionamiento la justicia de proximidad.
