El juez de Palma aprecia un supuesto delito de torturas en los 'vuelos de la CIA'
El magistrado vuelve a inhibirse en favor de la Audiencia Nacional
El Juzgado de Instrucción número siete de Palma ha reiterado su decisión de que sea la Audiencia Nacional quien investigue el supuesto uso del aeropuerto de Son Sant Joan por aviones de la CIA para el traslado de presos. En esta resolución, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el juez hace referencia, por primera vez, al supuesto delito cometido en nuestro territorio. Se trata de un delito de torturas que es de persecución universal, aunque no se haya cometido en su origen en España, puesto que los aviones procedían de diversos países del mundo.
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El titular del Juzgado, Antoni Garcías, rechaza así el recurso de reforma de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) sobre esta inhibición. Aunque la Fiscalía aún no ha comunicado si recurrirá la nueva decisión del magistrado. El juez señala en el auto que "las supuestas torturas ocurrieron en territorio extranjero; sin embargo, tales actos pueden ser considerados delito de tentativa y todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura".
En este caso, el juez señala que la conexión territorial existe porque se utilizaba el aeropuerto de Palma en estos supuestos traslados de aviones cárcel. Además, estima que esta conexión tiene concordancia con el texto suscrito a nivel internacional el 10 de diciembre de 1984 y ratificado por España el 28 de abril de 1988 sobre delitos de torturas.
Contra la decisión del juez cabe recurso, que sería resuelto por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Entorno a este asunto, el Fiscal General del Estado ya anunció que había que esperar a que el juez concretara qué tipos de delitos se habían cometido supuestamente, para decidir si recurría o no la nueva decisión del magistrado.