Sanidad prevé un ahorro de 1.000 millones con la nueva Ley del Medicamento
El Gobierno establece un Reglamento que permitirá retirar la licencia a los pilotos que incumplan normas de vuelo
El Consejo de Ministros reunido hoy ha aprobado el anteproyecto de 'Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios', más conocida como Ley del Medicamento, que tiene entre sus principales objetivos fomentar el uso racional de los fármacos y reforzar las garantías en materia de calidad y seguridad de los medicamentos.
La norma permitirá además introducir medidas para la racionalización del gasto sanitario, según ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La titular de Sanidad, Elena Salgado, ha cuantificado el ahorro consiguiente en 1.000 millones de euros.
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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega ha recordado que, desde que hace un mes el Gobierno redactara el proyecto, la norma "se ha presentado en muchas instituciones y ha sido objeto de análisis con ministerios, comunidades, Consejo de Estado y un buen número de organizaciones y empresas del sector farmacéutico".
Posible retirada de licencias y prisión para quien incumpla normas e instrucciones de vuelo
Asimismo, en la reunión de hoy el Ejecutivo ha aprobado la Ley que modifica el Código Penal Militar y la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Esta nueva ley contempla como sanciones extraordinarias la retirada de la licencia de vuelo y prisión para los pilotos que incumplan las normas, órdenes o instrucciones de vuelo y pongan en riesgo a la población.
Fuentes oficiales recordaron que la necesidad de modificar estas leyes se puso de manifiesto el pasado mes de septiembre cuando un capitán del Ejército del Aire, que se saltó las órdenes y el plan de vuelo, se estrelló con su avión contra una casa en la localidad de Baeza (Jaén).
Entre los asuntos que trató el Ejecutivo también figura la aprobación de un decreto que modifica el Reglamento de la asistencia jurídica gratuita en casos de violencia de género, y otro que regula la ayuda económica establecida en la Ley de Medidas de Protección Integral contra este tipo de violencia.
