Denuncian el fácil acceso de menores a videojuegos violentos

Amnistía Internacional (AI) acusó hoy al Gobierno de pasividad ante el fácil acceso a los videojuegos con contenidos violentos que tienen los menores en España, por lo que reclamó al Ejecutivo una ley específica de ámbito estatal al respecto. La organización presentó estas conclusiones en su informe 'España: Menores y derechos humanos, responsabilidades en juego', donde se recogen frases textuales utilizadas en la promoción de videojuegos que incitan a "convertirse en policía y golpear a los detenidos" o descargarse juegos de Internet que invitan a "detonar una bomba para asesinar judíos".

El negocio de los videojuegos mueve un volumen anual de 790 millones de euros, tanto como la música y el cine juntos. Unos tres millones de menores españoles están familiarizados con esta forma de entretenimiento a través de videoconsolas, Internet o teléfono móvil, y un 75% de ellos confiesa que consume juegos violentos. Se trata de juegos muchos de ellos muy populares y con gran respaldo publicitario, en los que se "banaliza" la tortura, se valora la capacidad de matar o se ensalzan las condenas extrajudiciales, según señaló en rueda de prensa el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán.

Amnistía asegura que cualquier menor puede hacerse sin dificultad con uno de estos juegos en una tienda, en Internet o en telefonía móvil, porque el sector tiene un código de autorregulación (PEGI) ineficaz, sobre todo en publicidad y promoción "y su prioridad es ganar dinero". Además, las legislaciones autonómicas que hay en todas las comunidades excepto en Baleares no se aplican, según la organización.

Beltrán afirmó que el Ejecutivo conoce de sobra el alcance del problema y tiene conocimiento de los informes análogos al de AI que han presentado anteriormente otras organizaciones e instituciones como el Defensor del Menor o la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC). "Supuestamente lo están analizando", dijo Beltrán. "No puede ser que después de un año hablando con el Ministerio de Educación, no haya una ley específica. El Estado no puede continuar con esta falta de diligencia", "incumpliendo sus obligaciones y compromisos internacionales porque no protege a los menores, no sanciona y no promueve legislación".