El principal imputado por el caso Adigsa implica a un ex conseller y a uno de los hijos de Pujol
Según un informe de la policía, Felip Puig y Oriol Pujol, amparaban las comisiones
El principal imputado por el caso de las presunta irregularidades de la empresa pública Adigsa, ha implicado al ex conseller Felip Puig y a Oriol Pujol, hijo del ex presidente de la Generalitat, al afirmar que estaban al corriente de estas presuntas irregularidades cometidas durante el año 2003.
Así queda reflejado en un informe de la policía nacional, encargado por la Fiscalía de Barcelona. El informe, del pasado 9 de diciembre, especifica que la cúpula de Adigsa, todos hombres de la confianza política y personal de Puig, conocían y amparaban la concesión irregular de obra pública a cambio de comisiones.
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En este informe, el principal imputado, el militante de Convergencia, Joseph Maria Penin, apunta que Puig y Pujol Ferrusola no sólo estaban al tanto de las irregularidades de Adigsa, sino que, además, creen que incluso fueron ellos dos los que van a idear el plan de compra de vivienda en el mercado de segunda mano por razones de rentabilidad política electoral, no por rentabilidad económica.
Recordemos que este denominado "Plan Joven" de Adigsa consistía en comprar viviendas de segunda mano, rehabilitarlos y ponerlos a la venta a precios asequibles, sobre todo para los jóvenes. La policía califica el plan de "propagandístico".
Según la querella de la Fiscalía, en el marco de este plan, los responsables de Adigsa y, en concreto, un tasador externdo, el imputado, Josep Maria Penin, cobró cantidades millonarias en concepto de comisión. En la primera parte del informe, que consta de 62 páginas, la policía sitúa justamente a Penin como el ejecutor de la estafa.
Según la policía, Penin, familiar de Felip Puig que en esa época era el responsable político de Adigsa, entró a trabajar en la empresa pública a petición de Puig. Así lo ha declarado ante la policía quien en ese momento era presidente de Adigsa, Ferran Falcó. Según la policía, Penin, informaba personalmente a la cúpula de Adigsa y a la cúpula de la Consellería de la "problemática" derivada de la adjudicación de estas obras, una adjudicación hecha, según la fiscalía, sin contratos y fuera de todo control público.
