El Gobierno baraja sus cartas para impedir la OPA de E.ON a Endesa

Madrid

El Gobierno baraja a esta hora sus cartas para impedir la entrada del gigante de la energía alemán E.ON en el sector energético español. Una de las posibilidades es aumentar las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que pueda examinar la operación y asegurarse de que la entrada de capital alemán no supone una merma en los servicios a los ciudadanos (como la mejora de redes o el abastecimiento de lugares no rentables). Además, el Consejo de Ministros probablemente prohibirá hoy a las compañías comprar y vender la electricidad en la misma franja horaria, con el objetivo de evitar que engorden el déficit de tarifa que les abona el Gobierno. También les impedirá comerciar con los derechos de emisión de CO2 que el Gobierno les adjudicó gratuitamente.

El Gobierno justifica la decisión de tomar medidas contra la entrada del grupo alemán en que, en la mayor parte de los países europeos, los mayores distribuidores de electricidad y de gas tienen mayoría de capital nacional. Es el caso de Alemania (con E.ON y RWE), de Francia (EDF, GDF ), de Italia (ENI y Enel), Grecia (PPC y Depa), Portugal (EDP y Galp) y Austria (Verbund). En todos los casos señalados, además, existe capital público en la compañías.

Para conseguir que Endesa no pierda su españolidad, el Gobierno debatirá la aprobación de un real decreto que refuerce las funciones de la CNE, fijadas en la Ley de Hidrocarburos de 1998, de forma que pueda examinar operaciones de calado como la que ahora protagoniza E.ON con su oferta de 29.100 millones sobre la primera eléctrica española.

Acabar con el abultado déficit de tarifa

El Gobierno va a aprovechar la ocasión para hacer algunos ajustes más en el sector, como el problema del déficit de tarifa. El Ejecutivo abona a las compañías la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que cobran a los ciudadanos, el llamado 'déficit de tarifa'. El problema es que éste se ha desbordado.

Para evitar que los precios engorden de manera ficticia, el Ejecutivo prohibirá comerciar a la misma hora en el mercado mayorista de la electricidad, donde se casa la oferta y la demanda. Cree que la medida limitará hasta en un 80% el déficit, un concepto por el que las empresas ingresaron el pasado año 3.581 millones de euros.

De hecho, el Gobierno sospecha que las compañías lo están manipulando (el Ministerio de Industria ha solicitado una investigación a la CNE). La diferencia gastos-ingresos ha crecido a un ritmo de 20 millones al día, una progresión que, de mantenerse, elevaría el déficit a fin de año por encima de los 6.000 millones de euros.

Otro importante paso que se dispone a dar el Gobierno es aclarar qué están haciendo las empresas con los derechos gratuitos de emisión de CO2 que les adjudicó en 2004 en el Plan Nacional de Asignación de Emisiones para cumplir el Protocolo de Kioto. El Gobierno quiere evitar que acaben siendo incorporados como costes de producción por las compañías y, por extensión, encareciendo los precios en el mercado y contribuyendo así al déficit.

Por esta vía de los derechos de emisión, las empresas, y especialmente Endesa (es la eléctrica con más derechos, puesto que tiene el mayor número de centrales de carbón) pueden sufrir un recorte de ingresos de en torno a 1.200 millones de euros.

Fuentes cercanas al Ejecutivo daban por descontado ayer que las compañías eléctricas recurrirán las decisiones que se aprobarán hoy.