El Defensor del Pueblo propone incorporar limitadores de velocidad a todos los vehículos
En su comparecencia en el Congreso sobre seguridad vial
El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha propuesto hoy en el Congreso de los Diputados que todos los vehículos, incluidos los automóviles, lleven incorporados limitadores de velocidad, ya que superar los límites de velocidad establecidos para cada vía supone un factor de riesgo para la seguridad vial.
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Múgica señaló en su comparecencia en la Comisión no Permanente sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico que "el uso de dispositivos limitadores de velocidad debería extenderse a todos los vehículos a motor, automóviles incluidos", ya que "a nadie se le oculta que el factor velocidad es un factor determinante, tanto en la producción de accidentes, como de la gravedad de los mismos". En la actualidad los limitadores de velocidad se incluyen en camiones y en autobuses.
El Defensor del Pueblo cree que "la primacía del derecho a la vida y a la integridad física debe considerarse prioritaria" frente a las ventajas de los vehículos modernos, afirmó Múgica.
Múgica argumentó que la incorporación de los limitadores de velocidad a vehículos pesados y autocares "ha contribuido, sin duda, a la reducción del número de accidentes mortales y a la atenuación de sus efectos en nuestras carreteras". "No se trata con estos dispositivos tanto de sancionar infracciones, sino de impedirlas en la medida de lo posible, lo que acentúa su carácter eminentemente preventivo", añadió.
Reforma del código penal
Por otra parte, el Defensor del Pueblo puso de manifiesto el "malestar" existente entre las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico por determinadas sentencias que consideran como simple falta algunos comportamientos imprudentes, e incluso la mercantilización de casos en los que las compañías de seguros indemnizan a víctimas o familiares, y se tipifican como falta.
Múgica defendió la necesidad de reformar el Código Penal y se mostró de acuerdo con las propuestas del director general de Tráfico de calificar como delito penal exceder la velocidad del límite de la vía en más de 60 kilómetros por hora, y superar un gramo por litro de alcohol en sangre cuando se conduce.
En esta línea, la Oficina del Defensor del Pueblo ya envió al Ministerio de Justicia una serie de recomendaciones para que sean incluidas en el reforma del Código Penal. El Ministerio que dirige Juan Fernando López Aguilar respondió que se tendrían en cuenta.
Así, Múgica propuso que todas las acciones sobre siniestralidad vial se persigan de oficio; que se imparta formación a funcionarios relacionados con la materia para lograr una justicia más ágil; y que las multas recaudadas con motivo de las infracciones de tráfico se dediquen íntegramente a la atención de las víctimas y sus familiares.
Respuesta de PSOE, PP y CiU
Por su parte, el diputado socialista Victorino Mayoral defendió también la reforma del Código Penal "limitada, pero que sirva para acabar con la lacra de la siniestralidad vial".
El popular Federico Souvirón pidió medios para que la Fiscalía pueda actuar de oficio y recordó el impacto de la siniestralidad vial en España, ya que supone el dos por ciento del PIB, además de los costes personales. Y el parlamentario de CiU Pere Grau se mostró de acuerdo con las recomendaciones realizadas al Ministerio de Justicia.
