Google deberá facilitar información de sus usuarios al Gobierno de EEUU
La administración Bush solicitó datos sobre los términos que buscan los internautas
Google y el Departamento de Justicia de Estados Unidos se han encontrado cara a cara ante un tribunal federal para dirimir si el buscador de Internet debe entregar los datos exigidos por la administración Bush. Un juez federal de San José (California) ha decidido que entregue al menos parte de la información sobre las búsquedas de sus usuarios.
Antes de la vista, el Fiscal General de EEUU, Alberto González, había exigido a Google que entregara al Gobierno información sobre las búsquedas que realizan los internautas, como parte de una investigación del Ejecutivo sobre cómo la pornografía online puede afectar a los menores.
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Tras oir a las partes, el juez James Ware ha señalado que el buscador debe entregar cierta información aunque no ha aclarado si lo que el buscador ha de entregar incluye las bases con los datos de búsqueda tecleados por sus usuarios.
"Escrutinio del Gobierno"
Ware expresó su reticencia a dar al Departamento de Justicia todo lo que pide, por la "percepción que puede tener el público de que está siendo sujeto al escrutinio del Gobierno".
El Departamento de Justicia pidió a Google en enero una muestra al azar de un millón de direcciones de Internet accesibles desde su buscador, y otra, también de un millón, de términos buscados en un período de una semana.
Tras negociar las condiciones de su petición, el Departamento de Justicia redujo su petición a 50.000 direcciones y dijo que examinaría sólo 10.000. En cuanto a los términos de búsqueda, ahora se conforma con 5.000 para examinar 1.000.
El juez Ware señaló que esta reducción, junto con la voluntad del gobierno de compensar a Google por el tiempo extra de trabajo que le llevaría cumplir esta petición, le habían convencido para concederle al menos parte de lo que pide.
El Departamento de Justicia de EEUU quiere usar esta información para la aplicación del Child Online Protection Act (COPA, en sus siglas en inglés), una iniciativa de 1998 para proteger a los menores y que penalizaría a los operadores de las web de material pornográfico que no dispongan de métodos para verificar que sus usuarios son mayores de 17 años.
