Bruselas propone penas de cuatro años para luchar contra la piratería
Contra los distribuidores de copias fraudulentas o falsificaciones
Los distribuidores de copias fraudulentas o falsificaciones podrían enfrentarse a penas mínimas de hasta cuatro años de prisión y a multas de 300.000 euros si sale adelante la directiva propuesta ayer por el vicepresidente de la Comisión y responsable de Libertad, Seguridad y Justicia, Franco Frattini, para combatir la piratería.
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La norma califica como infracción penal cualquier violación voluntaria de un derecho de propiedad intelectual, incluyendo la tentativa, la complicidad y la incitación. La pena de cuatro años se aplicará cuando el delito se cometa en el marco de una organización criminal o suponga un grave riesgo para la salud o la seguridad de las personas. La propuesta permite a los Estados miembros ir más allá de estos mínimos.
El vicepresidente destacó que la directiva va dirigida especialmente contra las redes de distribución que introducen bienes falsificados en la Unión Europea. "Los implicados en esta actividad han creído en el pasado que los beneficios económicos pesan más que el riesgo de ser castigado", añadió Frattini. El sistema de penas comunes para los Veinticinco impediría la existencia de "bases seguras para los criminales" en la UE.
Las aduanas europeas interceptaron más de 103 millones de artículos falsificados en 2004 (8,7 millones en España), un 12% más que el año anterior, según los datos del Ejecutivo comunitario. El incremento ha sido del 1.000% entre 1998 y 2004. Los productos más falsificados son cigarrillos, CD y DVD, ropa y fármacos.
Más del 70% de los productos vienen de Asia, especialmente de China. Como novedad, el vicepresidente desveló que se ha descubierto una falsificación de un Ferrari del que sólo se habían fabricado seis modelos originales. Frattini se mostró convencido de que los Veinticinco apoyarán su propuesta de introducir sanciones penales contra la piratería y que podrá lograrse su "rápida aprobación", aunque reconoció que hay Estados miembros "reticentes" a armonizar penas en este campo.
