El Gobierno y los agentes sociales cierran la reforma laboral tras más de un año de negociaciones
El Ejecutivo quiere aprobarla con un Real Decreto Ley que entrará en vigor el 1 de
julio
Madrid
El Gobierno y los agentes sociales han cerrado el acuerdo para la reforma laboral, que el Ejecutivo tiene previsto aprobar mediante un Real Decreto Ley que entrará en vigor el próximo 1 de julio. El acuerdo, que se produce tras 14 meses de negociación, será firmado el 9 de mayo en la Moncloa.
Entre otras medidas, el texto pactado permite a los empresarios hacer fijos a sus trabajadores temporales mediante el contrato de fomento del empleo (con el despido más barato), incluye un "plan de choque" para reducir el empleo temporal y limita a un periodo máximo de 30 meses la sucesión de contratos para un trabajador.
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El acuerdo será rubricado en el Palacio de La Moncloa por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y los máximos dirigentes de los sindicatos CCOO y UGT y de las patronales CEOE y CEPYME.
Medidas adoptadas
Una de las principales medidas acordadas es que adquirirán la condición de fijos los trabajadores que en un plazo de 30 meses hayan ocupado el mismo puesto de trabajo durante dos años a través de dos o más contratos temporales. Quedan excluidos de esta medida los contratos de relevo, los formativos y los de interinidad.
Con el fin de estimular la contratación indefinida, se abrirá un nuevo periodo para que los contratos temporales que se conviertan en fijos puedan hacerlo al contrato de fomento del empleo estable, cuya indemnización por despido improcedente es de 33 días por año de servicio frente a los 45 días de los indefinidos ordinarios, contrato éste último que "no se toca" en esta reforma.
La posibilidad de que las conversiones de temporales a fijos se realicen al llamado contrato de 33 días no existe actualmente, pues desde diciembre de 2003 los contratos temporales que las empresas convierten en indefinidos se canalizan a través de contratos fijos ordinarios.
Con la nueva reforma, se permitirá que los contratos temporales celebrados hasta el 31 de diciembre de 2007 puedan convertirse a contratos indefinidos de 33 días. Después de esa fecha, las conversiones volverán a efectuarse a través de contratos de 45 días.
Plan de Choque
La reforma establecerá también un programa de estímulos al empleo indefinido inicial, que incluirá a los jóvenes varones de 16 a 30 años entre los colectivos que podrán beneficiarse de estas bonificaciones. Éstas, además, tendrán una duración de cuatro años, frente a los dos actuales, y sus cuantías oscilarán entre los 500 y los 3.200 euros al año, dependiendo del colectivo al que vaya dirigido el contrato.
La cantidad más baja corresponderá a las conversiones de contratos formativos, de relevo y de sustitución por jubilación, con una bonificación de 500 euros al año. Las bonificaciones más altas, de 3.000 y 3.200 euros, se dirigirán a las personas con discapacidad y en este supuesto se mantendrán durante toda la vigencia del contrato fijo.
Entre medias, se encuentran los parados de larga duración (bonificación 600 euros de cuatro años de duración), los jóvenes de 16 a 30 años (800 euros y cuatro años de duración), las mujeres -incluidas las víctimas de la violencia de género- (850 euros y cuatro años de duración), y los mayores de 45 años y las mujeres contratadas en los dos años siguientes al parto, que gozarán de una bonificación de 1.200 euros en ambos casos, aunque en el primero se mantendrá durante toda la vigencia del contrato y en el segundo durará cuatro años.
Dentro del plan de choque contra la temporalidad anunciado hace unos días por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, la reforma incluye la eliminación de las bonificaciones a la conversión de contratos temporales a indefinidos, aunque no de forma inmediata. Así, los contratos temporales suscritos con anterioridad al 1 de junio de 2006 que se transformen en indefinidos estarán bonificados, siempre que la conversión se efectúe antes del 1 de enero de 2007. En este caso, las ayudas durarán tres años y su cuantía será de 800 euros al año. También será de aplicación a la conversión de contratos formativos, de relevo y de sustitución por jubilación.
Nuevo subsidio de desempleo
Asimismo, el texto contempla una reducción de cotizaciones al desempleo en los contratos fijos, del 0,25% hasta 2008 y otro cuarto de punto adicional desde ese año. En las cotizaciones al Fogasa, las cuotas empresariales se rebajarán del 0,4% actual al 0,2%. Además, las cotizaciones empresariales por desempleo de los contratos temporales a tiempo completo celebrados por las empresas de trabajo temporal se igualarán a las del resto de temporales, pasando del actual 7,7% al 6,7% a partir del 1 de julio de 2006.
El Fogasa también verá mejoradas sus prestaciones e indemnizaciones con la reforma, así como el sistema de protección por desempleo, que a partir de la entrada en vigor de la norma extenderá el subsidio por paro de seis meses de duración para los mayores de 45 años sin cargas familiares que hayan agotado su prestación contributiva.
Otros aspectos del texto se centran en definir, de manera clara, la figura de la cesión ilegal de los trabajadores dentro del Estatuto de los Trabajadores, y en la creación de un libro de registro que deberá disponer la empresa principal cuando sus contratas o subcontratas compartan de forma continuada el mismo centro de trabajo. Dicho libro, que recogerá toda la información de la cadena, estará a disposición de los representantes de los trabajadores.
Subcontratación
Asimismo, en materia de subcontratación, la reforma establece que cuando una empresa contrate a una contrata o subcontrata tendrá que informar a los representantes legales sobre el objeto y duración de la contrata, el lugar de ejecución, el número de trabajadores que serán ocupados por la contrata en el centro de trabajo de la empresa principal, así como de otros datos relacionados con la empresa contratista (razón social, identificador fiscal, etc.).
El acuerdo contempla también el compromiso de reforzar los efectivos de la Inspección (la idea es que a final de legislatura haya 954 inspectores y 968 subinspectores), y la puesta en marcha, en un plazo de tres meses, de un plan global de modernización de los servicios públicos de empleo, tanto estatal como autonómicos.
