Los menores de tres años y los discapacitados psíquicos también podrán beneficiarse de la ley de dependencia

Los menores de tres años y todas las personas con discapacidad psíquica que lo precisen serán beneficiarios del futuro sistema de Dependencia, según lo aprobado hoy en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados, que respaldó también el dictamen de la Ponencia de esta comisión, con la única oposición de Convergencia y unió y sin la presencia del PNV, que no se encontraba en la sala.

Tanto la inclusión de los menores de tres años, como la de todas las personas con enfermedad mental, responden al acuerdo alcanzado entre el PSOE y los demás grupos parlamentarios, exceptuando CiU y PNV, que ha permitido transaccionar la mayor parte de las más de 600 enmiendas parciales al texto y satisfacer así buena parte de las demandas de los partidos en esta ley.

Hasta ahora, la norma consideraba dependientes sólo a las personas con discapacidad psíquica que tuvieran problemas físicos para desarrollar sus funciones básicas, algo que ha cambiado con el trámite de hoy, cuando el texto señala que la dependencia puede estar causada, además de por razones psíquicas, por la "pérdida de autonomía física, intelectual, mental o sensorial".

Además de este aspecto y el de la inclusión de todos los menores de tres años que lo precisen en la ley, el trámite parlamentario de hoy supone la incorporación de "criterios claros", según el PP, para la distribución de los fondos de financiación a las comunidades autónomas.

Criterios objetivos

En este sentido, explicó el diputado Miguel Barrachina a los medios de comunicación, se tienen en cuenta "criterios objetivos" como el número, grado y dispersión geográfica de las personas dependientes de cada comunidad autónoma, algo que no se recogía en el texto anterior.

Barrachina dijo a este respecto que el PSOE ha incluido también la demanda popular consistente en la aparición expresa en el texto de los términos "subjetivo" y "universal" calificando al nuevo derecho que creará la ley. Del mismo modo, la norma recogerá también la propuesta del PP de atender, de forma preferente, a las personas con gran dependencia.

Igualmente, los Populares han conseguido que la mayoría del Consejo Territorial que prevé crear el futuro sistema esté representada por las comunidades autónomas, así como la cabida en este órgano de las corporaciones locales y de Ceuta y Melilla.

Por todo esto, tanto Barrachina, como la diputada María Salom señalaron que su partido apoyará la aprobación de la ley, si bien, matizaron, "no será un apoyo entusiasta" y sí "crítico", por las carencias que todavía tiene el texto.

Ley importante

Por su parte, PSOE, Izquierda Unida e Iniciativa Per Catalunya se felicitaron por los acuerdos alcanzados, que, en opinión de Carmen García, de IU-ICV, permitirán aprobar "la ley social más importante de esta legislatura".

A su juicio, la norma no supondrá invasión de competencias autonómicas, como opina Convergencia i Unió, y sí la universalización de un derecho subjetivo y la creación de un sistema público de dependencia en el que se tiene muy en cuenta al llamado tercer sector (organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en favor de las personas dependientes).

Invasión competencial

García hizo esta apreciación respondiendo a la acusación del portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carlos Campuzano, quien denunció la "deslealtad" de ERC y de ICV a la letra y al espíritu del nuevo estatuto de Cataluña" al avalar la ley de Dependencia, "seguramente la más centralista que se va a apoyar en esta legislatura" por ignorar las competencias exclusivas en materia de Servicios Sociales de Cataluña.

Por otro lado, el PNV, a través de Emilio Olabarría, se quejó de la situación "caótica" que, a su juicio, está suponiendo la tramitación de la norma en el Congreso, por las prisas con que se está llevando a cabo y la falta de tiempo para debatir cuestiones tan trascendentes como es su contenido. En esta línea, Olabarría optó por no defender sus enmiendas para hacerlo en el Pleno de la Cámara, antes de que la ley pase al Senado.

Sí dijo, en cualquier caso, que su grupo no puede apoyar la ley, pues vulnera la Constitución en materia competencial, así como en los aspectos de universalidad y gratuidad del derecho que creará la norma.

Tras el trámite de hoy, el texto debe debatirse en el Pleno del Congreso de los Diputados, que si bien estaba fijado para el jueves 5 de octubre, podría adelantarse al próximo jueves, 28 de septiembre.