La Generalitat valenciana retira las competencias de urbanismo a Catral por 1.200 supuestas viviendas ilegales

La Generalitat Valenciana ha asumido las competencias urbanísticas del municipio de Catral (Alicante) ante la "relajación del Ayuntamiento" en la proliferación "exagerada" de viviendas ilegales en suelo no urbanizable y en suelo protegido, informó hoy el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons.

El conseller señaló que si el consistorio no realiza en el plazo de un mes una propuesta de concierto en la que reconozcan las más de 1.200 viviendas ilegales construidas y en la que proponga soluciones, la Generalitat asumirá también las competencias en planeamiento urbanístico, atendiendo a la Ley de Bases de Régimen Local, y se planteará "solicitar al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento de Catral", gobernado por el grupo socialista.

Según el responsable de Territorio, existen 1.270 viviendas construidas en suelo no urbanizable, parte de ellas en suelo protegido del Parque Natural del Hondo, que suponen un total de tres millones de metros cuadrados construidos sin licencia y sin dotación de servicios.

El delegado territorial de la Conselleria en Alicante, junto a la Policía Autonómica, se ha personado esta mañana en el Ayuntamiento de Catral para informar a su alcalde de la asunción por parte de la Generalitat de las competencias en materia urbanística.

Según el responsable de Territorio, esta actuación "no tiene precedentes en España, salvo el caso de la Junta de Andalucía cuando disolvió el Ayuntamiento de Marbella" y la justificó por el incremento en un 400 por ciento del número de metros cuadrados edificados ilegalmente desde 2002.

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Además, la Generalitat asegura que el número de metros cuadrados urbanizados en el Parque Natural aumentó de 39.644 en 2002 a 270.152 en 2005, lo que supone un incremento del 681 por ciento.

Los técnicos de la Conselleria, a través de la observación directa y de los informes del SEPRONA, cifran en 1.270 el número de viviendas construidas sin licencia, aunque González Pons señaló que "probablemente sean muchas más porque el ayuntamiento no tiene los datos exactos y nos hemos basado en ortofotos".

El conseller anunció que las viviendas construidas en el suelo protegido del Parque Natural del Hondo serán derribadas en su totalidad y, respecto al resto, informó de que se estudiarán los casos de manera individual.

En ese sentido, señaló que "se intentará regularizar" aquellas construcciones que se hayan hecho "de buena fe y atendiendo a los instrumentos de planeamiento adecuados" pero con la "exigencia de dotaciones y cesiones al ayuntamiento".

Las actuaciones que no se encuentran amparadas en ninguno de los supuestos anteriores "serán objeto de derribo, y de restauración ambiental las zonas afectadas", aseguró González Pons.

El conseller de Territorio remarcó que las consecuencias para las constructoras "deberá determinarlas un juez" porque "cuando los propietarios se enteren de que sus viviendas son ilegales, probablemente se querellen contra las empresas.