Las agencias de seguridad de EEUU tendrán acceso limitado a los datos de los pasajeros europeos

La UE y Estados Unidos han llegado finalmente a un acuerdo sobre transferencia de datos personales de pasajeros aéreos que sustituirá el marco actual, declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado mayo. El acuerdo ha sido calificado de "extrema importancia" por las autoridades europeas, después de que las agencias de seguridad de EEUU puedan tener acceso a estos datos privados, aunque con la garantía de que sólo serán facilitados en casos concretos.

Aún falta la ratificación de los embajadores que se reunirán la próxima semana, pero el acuerdo entre los negociadores alcanzado esta madrugada afectará a las 34 preguntas personales que todo pasajero tiene que responder para poder ingresar en territorio norteamericano vía aérea.

La intención de las autoridades estadounidenses, tras los atentados del 11-S, era ampliar esas cuestiones, algo a lo que se han negado los europeos. Lo que sí han conseguido los norteamericanos es que estos datos personales puedan ser consultados por otras agencias de seguridad, además de las autoridades aduaneras. Este acceso, sin embargo, contará con una "garantía doble": sólo tendrá acceso directo el Departamento de Seguridad y éste los distribuirá a las agencias de forma individualizada, es decir, en caso de que los soliciten para un investigación concreta.

Esta información personal de los pasajeros europeos estará con 72 horas de antelación en manos del Departamento de Seguridad (órgano creado tras los atentados del 11-S) y podrán ser utilizados en los siguientes dos años y medio.

El anterior de 2004 fue declarado ilegal

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La UE y Estados Unidos buscaban una solución al contratiempo surgido después de que el Tribunal de Justicia de la UE considerara ilegal, por defecto en la base jurídica, el acuerdo de 2004 sobre los datos que las autoridades norteamericanas tenían derecho a exigir a las compañías aéreas que viajaran a territorio norteamericano.

La medida fue una consecuencia directa de la legislación adoptada por la Administración norteamericana tras los atentados del 11-S en el contexto del refuerzo de la seguridad. El tribunal de la UE dio de plazo hasta el 1 de octubre para adaptarse a sus requerimientos, fecha a partir de la cual se abría una incertidumbre jurídica que ambas partes querían evitar.