Una juez de Barcelona estudia recurrir a la vía penal para juzgar las agresiones a profesores
Se juzga a los padres de un niño que amenazaron y agredieron a la directora, la jefa de estudios y la conserje de un centro educativo
La juez del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona ha suspendido hoy el juicio a unos padres por faltas de amenazas y agresión a educadores del 'CEIP Eduard Marquina' de Barcelona para estudiar si lo reabre por la vía penal, de manera que se pueda tipificar este acto como un delito de atentado.
Tanto la fiscal como la abogada de la acusación particular, ejercida por la Generalitat en tanto que los demandantes son funcionarios de esta administración, han pedido a la juez que abriera diligencias previas por la vía penal y ésta ha accedido a estudiarlo.
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Este es el primer caso conocido en que se ha solicitado abrir diligencias en ese sentido, después que el pasado 14 de noviembre el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena, ordenó a los fiscales que tipificaran como atentado las agresiones a profesionales de la enseñanza y la medicina.
Las penas por atentado pueden conllevar de uno a tres años de prisión "a los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza con ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas", consideró el fiscal-jefe en su instrucción interna. Si, además, el atentado se considera que es contra la autoridad, las penas oscilan entre los dos y los cuatro años, agregó.
Por entrar una hora antes
En el juzgado número 33 se iba a juzgar hoy la agresión que sufrieron hace unas semanas la directora, la jefa de estudios y la conserje del CEIP Eduard Marquina de Barcelona por parte de los padres de un alumno.
Las tres demandantes recibieron amenazas de muerte en más de una ocasión y la jefa de estudios fue cogida por el cuello por parte de los padres de un alumno, que no han acudido hoy a la vista oral. Los padres exigían que a su hijo, que cursa educación infantil en este centro, le permitieran entrar una hora antes del horario establecido.
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