El Supremo condena a un año y medio de cárcel al alcalde de Vila-Real por prevaricación
El regidor, del PP, defendió a una empresa que hacía demasiado ruido "en contra de los intereses de los ciudadanos"
Madrid
El Tribunal Supremo ha condenado al alcalde de Vila-Real, Manuel Vilanova (Partido Popular) a un año y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación, al consentir "de forma deliberada" la emisión ilegal de ruidos de una empresa, que generó numerosas quejas vecinales. Esta condena complica la elaboriación de listas electorales del PP en Castellón, del que es presidente Carlos Fabra.
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El alcalde 'popular' tuvo una reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de los ciudadanos. Hizo oídos sordos a la situación que sufrían y permitió la actuación de la industria, a sabiendas de que actuaba en contra de las disposiciones legales y administrativas .
Estamos, insiste el Supremo, ante una conducta "en la que confluyen autorizaciones y anuencias a actividades ruidosas", a sabiendas de la ilegalidad en que se encontraba. "La producción de ruidos era palmaria e incluso clamorosa", según recoge la sentencia.
El Alto Tribunal insiste en el comportamiento del alcalde, que "mantiene una conducta omisiva silenciando las inspecciones, dejando deliberadamente sobre la mesa los informes de las mediciones". Buscaba el archivo de las denuncias de los vecinos bajo la eufemística expresión de "dejar sobre la mesa las flagrantes irregularidades".
Desestimada la sustitución por una multa económica
El Supremo considera que es autor de un delito continuado de prevaricación medioambiental. Y por ser continuado, el tribunal considera que la pena proporcionada debe ser la de prisión, desestimando la opción de la multa "porque sería satisfecha incluso con cargo a las arcas municipales agravando la situación de los vecinos".
El alcalde Manuel Vilanova ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia y que el Supremo ha juzgado por "criterios políticos". El vicepresidente del Gobierno valenciano y secretario general del PP en Castellón, Víctor Campos, ha salido en defensa de su compañero, y ha defendido su "honestidad y honradez".
El Alto Tribunal condena además al representante legal de la empresa Rocersa como autor de un delito medioambiental a dos años de prisión y una multa de 292.000 euros.
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