IU enmienda la totalidad de la Ley de la Memoria Histórica

IU-ICV ha registrado en el Congreso su texto alternativo a la ley de la memoria histórica presentada por el Gobierno, un proyecto "tan ampuloso en su título como raquítico en su contenido" y que "desperdicia una oportunidad" para reparar a la izquierda y a los antifranquistas. Entre los contenidos irrenunciables para el grupo están la anulación de los juicios de la dictadura, y que el concepto de memoria sea "colectivo", no individual.

Gaspar Llamazares, coordinador general de la coalición, ha asegurado que el Ejecutivo mantiene una "posición rígida" sobre su proyecto, "como si fuera el máximo al que puede llegar", y que ha rechazado los argumentos que le han ido presentado en sucesivas reuniones IU-ICV y los expertos que han asesorado a la coalición. Este proyecto, ha sentenciado Llamazares, puede ser un "punto de inflexión en la legislatura", porque demostrará si el Gobierno "apuesta por el continuismo o por los cambios".

Para el dirigente de izquierdas, el PSOE está alargando la tramitación de la ley "para valorar si le merece la pena mantener la iniciativa" o si la retira; en su opinión, el Gobierno se ha sorprendido por la posición de los grupos del Congreso, "más ambiciosa y comprometida que la suya", y debe sopesar si aprobar su proyecto sin el apoyo de republicanos e izquierda, "sin legitimidad", o incumplir una promesa electoral y aplazar la ley. La oposición del PP, ha agregado, está asegurada para el Gobierno porque "la derecha sigue considerándose heredera del franquismo".

La coalición basa en esta dificultad para negociar su enmienda a la totalidad del proyecto y el texto alternativo. "El Gobierno desperdicia una oportunidad de saldar una deuda de la transición democrática con la memoria, la justicia y la recuperación de los republicanos. Se trata de completar la reconciliación que tuvo lugar en la transición. Algunos identificaron reconciliación con olvido y es imprescindible unir reconciliación con memoria", ha dicho.

Anulación de los juicios

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Además de defender ese concepto de memoria colectiva, IU-ICV presenta como irrenunciable en una ley de estas características la anulación de los juicios franquistas, al que dedica un capítulo de su proyecto. El objetivo es declarar "la nulidad de pleno derecho" de las sentencias dictadas en consejos de guerra, por el Tribunal de Orden Público, por los tribunales de responsabilidades políticas y por el Tribunal Especial de la Represión de la Masonería y el Comunismo en España.

Gaspar Llamazares ha rechazado los argumentos del Gobierno contra estas anulaciones; expuso que el problema de la seguridad jurídica que alega se resuelve con técnica legislativa, pero ha agregado que también el Ejecutivo tiene un "argumento político": "intenta transmitir la idea de que la reconciliación en parte es olvido y es inaceptable".

Junto a medidas de carácter general, IU-ICV incluye en su propuesta indemnizaciones para quienes quedaron excluidos de la ley de amnistía de 1977 (con un importe máximo de 12.000 euros), así como un trato especial en el IRPF (para todos los afectados por esa ley). Se añaden otras medidas para que los años de cárcel o de privación de libertad computen de cara a la pensión

Instituto de la Memoria Democrática

Llamazares ha defendido que la ley recoja una idea de memoria colectiva porque para establecer reparaciones individuales no es necesaria una ley, sino medidas parciales como decretos, dijo. Para IU-ICV, el objeto de la norma debe ser enfocar una política estatal pública que impulse "el conocimiento de la verdad" y la investigación, que preserve la memoria de los represaliados, que ayude a la localización de las víctimas del franquismo y que difunda la "tradición antifranquista y democrática", entre otros objetivos.

Para realizar todas las políticas públicas, IU-ICV propone crear un organismo autónomo, al que denomina Instituto de la Memoria Democrática y para cuya ubicación se propone el recinto del Valle de los Caídos, rebautizado como Centro del Memorial de la Libertad. La coalición de izquierdas da un plazo de seis meses para la transformación de este lugar.

Esta memoria "desde el punto de vista colectivo", ha continuado Llamazares, exige la retirada de los símbolos del franquismo. IU-ICV propone prohibir "expresamente" estos signos, que las instituciones públicas realicen un "censo completo de los vestigios de la dictadura" para ir retirándolos y que insten a las organizaciones privadas a hacer lo mismo, "especialmente aquellas que reciben subvenciones o fondos públicos".