La Corte Penal Internacional acusa al ex ministro de Interior de Sudán de crímenes de guerra en Darfur
La fiscalía inculpa también al jefe de una milicia local
Los primeros sospechosos de crímenes de guerra en Darfur ya tienen nombres. Los fiscales de la Corte Penal Internacional acusan a Ahmed Haroun, antiguo ministro del Interior de Sudán, y a Ali Kushayb, líder de la milicia local Yanyauid, de "asesinato, tortura, violaciones", entre otros 51 cargos. El conflicto en esta región al oeste de Sudán se ha cobrado unas 200.000 víctimas desde el estallido en 2003 de la guerra entre tribus.
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Ahmed Haroun, máximo responsable de la seguridad de Sudán cuando estalló el conflicto, está acusado de ayudar a reclutar fondos para la milicia Yanyauid, "el diablo a caballo" en árabe, un indicio más de la vinculación del grupo armado con el Gobierno sudanés.
Junto con Ali Kushayb, líder de Yanyauid, Haroun está acusado de crímenes durante los ataques a los poblados de Kodoom, Bindisi, Mukjar y Arawaia.
La fiscalía de la CPI mantiene que el ex ministro declaró públicamente que se le había otorgado "todo el poder y autoridad para matar o perdonar a cualquiera en Darfur, en búsqueda de paz y seguridad".
Ali Kushayb ordenaba a sus tropas cometer violaciones, agresiones sexuales, torturas y asesinatos contra la población civil, según el escrito del fiscal Luis Moreno-Ocampo.
La milicia Yanyauid es el grupo armado de las tribus árabes, nómadas y musulmanas de la región de Abbala, enfrentadas a las tribus sedentarias, no sedentarias, dedicadas a la agricultura.
"Un paso importante"
Para Geraldine Mattioli, responsable de Human Rights Watch, "la decisión es un paso importante que podría contribuir a acabar con la impunidad de los crímenes en Darfur"
"Es la primera vez que la Corte persigue a antiguos ministros de cualquier gobierno, y muestra que el Gobierno de Sudán estaba implicado en las atrocidades de Darfur", explica una analista internacional.
La Cámara preliminar de la CPI deberá ahora revisar las pruebas reunidas por la fiscalía y decidir si son suficientes para llevar a los acusados a juicio.