La ley de Responsabilidad Ambiental impondrá el principio de "quien contamina paga"
Las sanciones previstas podrían ascender hasta los dos millones de euros y/o la suspensión de actividad de la empresa infractora
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, viernes, el proyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental, que fijará la creación de un Fondo Estatal de Reparación de Daños Medioambientales e impondrá sanciones a las empresas que deterioren el entorno.
La Ley de Responsabilidad Ambiental hará efectivo por primera vez en España el principio de "quien contamina paga", y afectará a miles de instalaciones industriales, empresas de transporte, explotaciones agrarias y a balsas mineras, entre otras.
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Las sanciones previstas en la Ley podrían ascender hasta los dos millones de euros y podrían acarrear la suspensión de actividad de la empresa infractora. Se prevé que el coste de la Ley sea de aproximadamente unos 100 millones de euros anuales.
Asimismo, el Consejo de Ministros estudiará un informe sobre el Plan de trazabilidad de producciones ganaderas, que tiene como objetivo establecer un control en todo el proceso del producto, desde el origen del alimento hasta la llegada al consumidor.
Según afirmó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, al término del Consejo de Ministros, el proyecto "es la décima iniciativa legislativa que propone el Ministerio de Medio Ambiente en esta legislatura, ampliando los derechos de todos los españoles al medio ambiente", lo que repercute en su salud y calidad de vida.
Según explicó Narbona, en virtud de esta norma "los sectores económicos que desarrollen actividades potencialmente contaminantes, estarán obligados a tener en cuanta esos daños y repararlos totalmente".
Crítica de los ecologistas
La norma ha sido recibida tibiamente desde las organizaciones ecologistas, que detectan "lagunas" en su articulado. Así, Mario Rodríguez, director de Campañas de Greenpeace, ha mostrado su preocupación porque la ley no regula lo referente a los accidentes nucleares ni los relacionados con tráfico marítimo (vertidos, mareas negras, etc.), con lo que "sería muy difícil que un caso como el del Prestige tuviera cobertura en esta norma", aseguró.
La ONG Ecologistas en Acción también ha lamentado que el texto no recoja las agresiones a la atmósfera y las relacionadas con los aspectos nucleares. Luis González, coordinador de esta organización, echa de menos que la ley incluya auditorías públicas integrales para avanzar hacia un comportamiento más sostenible en este aspecto. "Igual que las empresas hacen unas auditorías económicas todos los años, deberían hacerlas ambientales y sociales para ver si están haciendo las cosas bien también en este ámbito", afirmó González.
