Bruselas aprueba el plan español, pero exige que reduzcan un 0,27% sus emisiones de CO2

La Comisión Europea aprobó hoy el plan nacional de asignación de emisiones (PNA) de España para el periodo 2008-2012, aunque condicionada al cumplimiento de tres requisitos sustanciales. Bruselas exige en primer lugar que se reduzca un 0,27% la cantidad total de derechos de emisión asignada a la industria, es decir 0,42 millones de toneladas de CO2 al año. Ello sitúa el tope anual de emisiones de las industrias cubiertas por el PNA en 152,3 millones de toneladas, en lugar de los 152,7 que pedía el Gobierno.

El visto bueno definitivo de Bruselas al PNA está sometido además a tres condiciones. En primer lugar, España debe informar de cómo se tratará a las nuevas empresas que empiecen a participar en el sistema de comercio de emisiones. Además, el Gobierno debe facilitar una lista completa de las instalaciones industriales cubiertas por el PNA con mención de las cifras de derechos de emisión que se prevé asignar a cada una.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario pide al Gobierno que limite la cantidad de créditos que pueden obtener las empresas invirtiendo en proyectos de reducción de emisiones en países en vías de desarrollo al 20% del total de permisos. El PNA español contempla que estos créditos pueden ascender al 39% del tope de permisos.

El visto bueno de Bruselas al PNA español será automático una vez que se hayan cumplido estas condiciones.

Elogios del comisario de Medio Ambiente

El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, elogió la "ambiciosa determinación" del Gobierno para usar el sistema de comercio de emisiones como un "componente central" en sus esfuerzos para cumplir con el protocolo de Kioto y dijo que el PNA español es "muy sólido" y ayudará a crear la escasez de permisos imprescindible para que funcione el mercado.

Bruselas ya ha examinado hasta ahora los planes de emisiones de 13 Estados miembros -Alemania, Reino Unido, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Eslovaquia, Suecia, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia- y, excepto en el caso de Londres y Ljubljana, ha exigido a estos países un recorte medio del 7% en los permisos de emisiones que conceden a sus industrias para que la UE pueda cumplir con los compromisos del protocolo de Kioto.