Bruselas recuerda a España que hay jurisprudencia europea que restringe la 'acción de oro'
El toque de atención se produce poco después de que la CNE recomendara al Gobierno español que, si autoriza a Enel a ejercer derechos políticos por encima del 3% en Endesa, implante un derecho de veto para proteger los intereses públicos
Bruselas
La Comisión Europea ha recordado hoy a España que existe jurisprudencia del Tribunal de la UE que restringe la posibilidad de mantener derechos de veto estatales sobre empresas privatizadas, práctica conocida como ''acción de oro''. La advertencia se produce poco después de que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) recomendara al Gobierno español que, si autoriza a la italiana Enel a ejercer derechos políticos por encima del 3% en Endesa, implante un derecho de veto que le permita proteger los intereses públicos.
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Preguntado al respecto, el portavoz de Mercado Interior de la Comisión Europea, Oliver Drewes, ha admitido no estar al corriente de la recomendación, añadiendo que Bruselas no interviene "normalmente en este tipo de asuntos salvo que tengan dimensión europea".
No obstante, precisó que "la visión general" de la Comisión Europea sobre la ''acción de oro'' "está clara" y recordó que hay "sentencias recientes" en la materia del Tribunal de Justicia de la UE, en algún caso referidas a España.
En mayo de 2003, el Tribunal de la UE rechazó los derechos de veto que el Estado español mantenía entonces en Repsol, Telefónica, Argentaria, Tabacalera y Endesa al considerarlos contrarios a la libre circulación de capitales dentro de la UE. Un año antes, el propio Tribunal había establecido que este tipo de prerrogativas "sólo pueden justificarse si el objetivo perseguido responde a un interés general o estratégico y si las medidas establecidas se basan en criterios precisos, conocidos de antemano, que puedan ser objeto de un control jurisdiccional y que no puedan sustituirse por medidas menos restrictivas".
Sobre esa base, la justicia europea ha obligado a Francia, Portugal, el Reino Unido u Holanda, además de a España, a revisar o derogar sus derechos de intervención en empresas estratégicas. En cambio, ha aprobado los derechos de Bélgica sobre la Société Nationale de Transport par Canalisations y sobre la empresa energética Distrigaz.