El Gobierno impondrá nuevas obligaciones a las empresas de reunificación de deudas
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley que regula los servicios de intermediación y contratación de créditos o préstamos
Las refinanciadoras de deudas seguirán bajo la tutela de las autoridades de consumo de las comunidades autónomas, aunque tendrán que cumplir nuevas exigencias para ejercer su labor, como apuntarse a un registro que creará el Estado y contratar un seguro de responsabilidad civil.
Así se contempla en el anteproyecto de ley que regula los servicios de intermediación y contratación de créditos o préstamos aprobado hoy por el Consejo de Ministros y que se espera que inicie su trámite parlamentario tras el verano, para entrar en vigor antes de que acabe la legislatura.
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Los ministerios de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo, que han redactado conjuntamente el texto, han decidido no dejar a las reunificadoras bajo la tutela del Banco de España, como les habían solicitado, porque entienden que bajo el mando de ese organismo deben quedar sólo las empresas que capten depósitos.
Según esta normativa, que también afecta a las entidades de crédito, las refinanciadoras tendrán un plazo de seis meses para apuntarse en los registros que cree el Estado o las comunidades autónomas que quieran, a los que tendrán que comunicar sus tarifas, comisiones y tipos de interés.
Libertad de precios
Estas empresas tendrán libertad de precios, pero siempre deberán responder a servicios efectivamente prestados o a gastos ocasionados y, además, podrán ser denunciados por el Ministerio Fiscal o las asociaciones de consumidores si los consideran excesivos. Tanto en el Ministerio de Sanidad y Consumo como en el de Economía consideran que esta mayor transparencia en los precios se traducirá en una rebaja de las tarifas de este sector, ya que aumentará la competencia.
Entre las nuevas exigencias, también estará la entrega al cliente con 15 días de antelación del contrato que se le ofrece, con precisiones sobre el precio total que debe pagar, las comisiones, cargas y gastos aplicados, así como el tipo de interés en tasa anual equivalente (TAE) y las características esenciales del crédito propuesto.
Un seguro obligatorio para la defensa del cliente
También se obligará a contratar un seguro para atender las responsabilidades en las que puedan incurrir frente a los clientes, aunque las condiciones de estas pólizas no se detallan todavía en el anteproyecto y se definirán en el reglamento que se redactará posteriormente.
Todas estas obligaciones afectarán también a las entidades financieras, que aunque en su mayor parte -sobre todo en hipotecas- ya las asumen, ahora verán cómo aumentan sus obligaciones en los créditos al consumo y también en reunificaciones de deudas. Para el incumplimiento de cualquiera de estos aspectos, el anteproyecto prevé sanciones de hasta 600.000 euros y amonestación pública, que sería la que se aplicaría a las empresas que no se hubieran adaptado a esta normativa pasados los seis meses transitorios.
La normativa actual, demasiado frágil
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el objetivo de esta ley es unificar los criterios y las obligaciones de las empresas crediticias, con el fin de "reforzar la seguridad jurídica de los consumidores y de las compañías".
Tras señalar que la normativa actual es demasiado frágil e incompleta, la vicepresidenta aclaró que lo que se pretende con esta ley es igualar los requisitos para un crédito hipotecario, un crédito personal o una reunificación de deuda, "ante el creciente número de empresas que reagrupa créditos o los gestiona con costes mas baratos". La nueva normativa, concluyó de la Vega, evitará situaciones de indefensión en la contratación de créditos financieros.
