Grande-Marlaska trata de quedarse con el 'caso de ANV' que lleva Garzón
La Fiscalía de la Audiencia considera que los denunciantes utilizan "torticeramente" el Derecho
El juez Fernando Grande-Marlaska ha solicitado al magistrado Ismael Moreno, que es el juez decano de los de instrucción de la Audiencia Nacional, que avale su competencia para tramitar la querella interpuesta ayer ante su juzgado por la asociación 'Dignidad y Justicia' contra ocho dirigentes de Acción Nacionalista Vasca (ANV) por un supuesto delito de integración o colaboración con ETA, al considerar que este partido es sucesor de la ilegalizada Batasuna. Baltasar Garzón ya señaló en un auto del pasado 28 de abril que no podía suspender las actividades de esta formación al no encontrar vínculos con ETA-Batasuna.
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Con la presentación de esta querella ante Grande-Marlaska, quien se encontraba ayer de guardia en la Audiencia Nacional, la asociación de víctimas pretende sustraer de este asunto al juez Baltasar Garzón, que ya el pasado 28 de abril se opuso a suspender cautelarmente de actividades a ANV en una decisión enmarcada en el sumario 35/02, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga la posible relación entre ETA y la red de herriko-tabernas vinculadas a Batasuna.
Según fuentes de esta acusación, se espera conseguir resoluciones favorables mediante el cambio de magistrado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera, en un documento al que ha tenido acceso la Cadena SER, que la asociación 'Dignidad y Justicia' "manifiesta una estrategia de fraude de Ley" con el único objeto de apartar a Garzón de este asunto, y le acusa directamente de "utilizar torticeramente" el Derecho.
En su auto, el juez Grande-Marlaska señala que las normas de reparto que existen en la Audiencia Nacional "pudieran aparejar razonablemente" su competencia en este asunto aunque, en vez de limitarse a admitir o inadmitir la querella, realiza una consulta al juez decano al respecto "con el fin de garantizar, de conformidad a nuestra Carta Magna, el principio de tutela judicial efectiva en su manifestación de juez ordinario predeterminado por la Ley".