El Parlamento iraquí debatirá la nueva ley del petróleo con el apoyo de los kurdos
La norma otorga la propiedad de los recursos al pueblo y establece regalías del 12,5% a las empresas
La batalla por el petróleo iraquí abre un nuevo capítulo. El Gobierno y la minoría kurda han llegado a un acuerdo sobre el borrador de la nueva ley que regulará la extracción y producción de la preciada materia prima, según un alto funcionario. El proyecto empezará a debatirse en los próximos días. El petróleo será propiedad del pueblo iraquí, aunque el Estado no se reserva una cuota de producción. Las empresas privadas tendrán que pagar regalías del 12,5% y verán revisados todos sus contratos firmados en el pasado.
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Los kurdos dieron hoy su visto bueno al borrador de la nueva ley del petróleo, aprobado por el Consejo de Ministros iraquí el pasado 15 de febrero, tras discutir sobre el poder de las regiones en la gestión de los recursos.
Las discusiones han tratado la futura distribución de los beneficios entre los grupos religiosos y étnicos del país. Una gran parte de las reservas de petróleo y gas están en el sur, mayoritariamente poblada por árabes chiíes, y en el norte, ocupada por la región del Kurdistán.
El proyecto establece la propiedad pública de los recursos de petróleo y gas y prevé la creación de una Compañía Nacional del Petróleo.
Las cuotas de producción de explotación quedan en manos de un Consejo Federal, donde se sentarán el Gobierno, las regiones y los jefes ejecutivos de las principales empresas con contratos.
Regalías del 12,5% sobre la producción
La concesión de los contratos que dan derecho a la extracción de petróleo será acordada por el Gobierno federal, oídas las regiones. El borrador establece varios criterios necesarios: toda inversión debe resultar beneficiosa para los intereses del país, el Estado mantiene la propiedad de los oleoductos, entre otros.
La ley impone regalías del 12,5% sobre el total de la producción de la empresa petrolífera. Una cuota baja comparada con otros países exportadores como Nigeria (entre un 160% y un 20%), y muy lejos de Bolivia (82%) o Venezuela. Se desconoce todavía el impuesto que se gravará a los beneficios.
En cuanto a los contratos en vigor, el borrador prevé una revisión total para comprobar que no contradicen la nueva legislación.