La Cámara de Representantes de EEUU aprueba las escuchas telefónicas sin previa orden judicial
Las presiones del presidente Bush han dado sus frutos para aprobar esta ley
La Cámara de Representantes aprobó hoy, por 227 votos a 183, la ampliación de las competencias de las agencias de inteligencia estadounidenses en el ámbito de su programa de escuchas sin orden judicial previa sobre presuntos terroristas, con el objetivo de incrementar la eficiencia de, particularmente, la Agencia de Seguridad Nacional, a la hora de interceptar llamadas telefónicas, e-mails y cualquier otro tipo de comunicación entre los sospechosos.
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Esta ley, aprobada por el Senado el pasado viernes, será enviada al presidente Bush para su confirmación definitiva, después de que el líder estadounidense instara al Congreso para que diera el visto bueno a la ley ya que, según dijo, "proteger a América es la obligación más solemne" que existe para los estadounidenses.
De esta forma, Bush ha conseguido actualizar el Acta de Vigilancia para la Inteligencia Exterior (FISA, por sus siglas en inglés), que concede al Gobierno libertad total para interceptar, sin orden judicial previa, interacciones entre ciudadanos extranjeros que empleen medios de comunicación estadounidenses.
De momento, grupos pro derechos civiles han advertido de que esta ley es excesiva, ya que garantiza al Gobierno libertad de actuación en la hipotética posibilidad de ''pinchar'' conversaciones entre estadounidenses que se comuniquen con personas que residan en el fuera del país, sin que ni los tribunales ni el Congreso puedan impedirlo.
"Lo que hace esta ley es permitir al Fiscal General que ''pinche'' a cualquiera, donde sea y cuando sea, sin el permiso de un tribunal, sin ningún tipo de control", afirmó la representante demócrata, Zoe Lofgren. Por su parte, republicanos como Dan Lungren entienden que "las comunicaciones se restringen a través de un proceso de minimización", esto es, las conversaciones que se registran son eliminadas en el momento en el que se comprueba que los participantes no suponen una amenaza para la seguridad nacional.
Entre las concesiones obtenidas por los demócratas, muchos de ellos opuestos a la aplicación de la ley, destaca el hecho de que ahora, las escuchas deberán ser aprobadas por el director de Inteligencia Nacional, John Michael McConnell, y por el Fiscal General -equivalente al ministro de Justicia-, Alberto Gonzales, que hasta ahora era el único capacitado para aprobar este tipo de operaciones.
Muchos congresistas avisan no obstante de que esta ley, que de momento se aplica a aquellos sospechosos de participar en operaciones terroristas, podría tener aplicaciones más amplias.
