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Lunes, 17 de Febrero de 2020

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El juez imputa a dos cargos de Fomento por negligencia en el accidente de la A-7

La caída de parte de un acueducto en la autovía mató a seis trabajadores en noviembre de 2005

El juez que investiga el desplome de parte de un acueducto en la autovía A-7 en noviembre de 2005, donde murieron seis trabajadores, ha imputado a dos cargos del Ministerio de Fomento y a varios responsables de las empresas constructoras adjudicatarias por su presunta implicación en el accidente.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Almuñécar, en Granada, acuerda en un auto llamar a declarar, por el Ministerio de Fomento, al jefe de Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental y al ingeniero director del proyecto de ejecución de obras del tramo de la autovía La Herradura-Taramay.

El juez establece tambien que se tome declaración a representantes legales de la Unión Temporal de Empresas La Herradura, la adjudicataria de la obra, a su jefe de obras y al coordinador de seguridad, y a otros encargados de las empresas subcontratadas.

La resolución, contra la que cabía recurso de reforma en el plazo de tres días, precisa en sus fundamentos que, a tenor de lo analizado durante la instrucción y los informes recabados, el "colapso" de la estructura "tuvo como causas aspectos relacionados con los procesos de revisión y mantenimiento de la cimbra siniestrada".

Falta de control

A este respecto, el juez señala, como pone de manifiesto el Informe de la Inspección de Trabajo, el Estudio de Seguridad y Salud elaborado por Fomento, que "no consta que (se) haya llevado a cabo ningún tipo de control o seguimiento concreto sobre la revisión de la autocimbra".

Explica asimismo que el Plan de Seguridad y Salud elaborado por la UTE a la que se le adjudicó el trabajo "no contiene mención alguna a las labores de revisión y mantenimiento" de la estructura siniestrada, por lo que, entre otras cuestiones, "puede concluirse que la empresa contratista no siguió un plan sistemático de control y seguimiento del estado de los equipos".

Se señala que tampoco consta que la mercantil a la que fueron subcontratados parte de los trabajos llevara a cabo "acciones de supervisión y control respecto de las operaciones de inspección o revisión de la autocimbra".

El magistrado, quien destaca la "complejidad" de la instrucción y que el accidente laboral "pudo aún ser de dimensiones más dramáticas" si en la zona hubiera habido más operarios, mantiene que la investigación ha permitido descartar "completamente" que el colapso de la cimbra estuviera causado por una avería eléctrica ocurrida poco antes del accidente".

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