El Gobierno australiano intervendrá en comunidades aborígenes del Territorio del Norte
Pretende acabar con el abuso sexual de menores y el alcoholismo
El tema de los aborígenes vuelve a dividir a la sociedad australiana por un polémico proyecto de ley que, según sus detractores, permitirá al Gobierno apropiarse de las tierras de los primeros pobladores de Australia conocidos.
La controvertida legislación, que hoy salvó el último trámite legislativo, ampara la intervención del Gobierno federal en comunidades aborígenes del Territorio del Norte para acabar con el abuso sexual de menores y el alcoholismo.
Las herramientas dotadas al Gobierno permiten recortar las ayudas económicas de Seguridad Social y arrendar tierras por un período de cinco años, además de imponer exámenes médicos a los menores, entre otras cosas.
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Se elimina también el actual sistema de permisos de entrada y salida de los asentamientos que regulaban los propios aborígenes.
A pesar de que el Consejo de Abogados de Australia, Caritas Australia y grupos indígenas como Combinado de Organizaciones Aborígenes del Territorio del Norte y el Consejo de Tierras Aborígenes pidieron su rechazo, la Cámara Baja del Parlamento, la semana pasada y el Senado hoy, aprobaron la propuesta.
La polémica medida, en la que el Gobierno invertirá 600 millones de dólares australianos (346 millones de euros, 464 millones de dólares estadounidenses) en los próximos doce meses, prosperó 56-6 en la Cámara Alta con el apoyo de la coalición de Gobierno y el partido Laborista, en la oposición, tras un maratoniano debate de cinco días.
Al final, la normativa nació sin ninguna de las enmiendas propuestas por laboristas, verdes y demócratas, y eximida de cumplir con la Ley sobre Discriminación Racial, porque sin esa venia sería "contraria al derecho", según el Ministerio de Servicios Comunitarios.
Además, incluye sólo tres de las 97 recomendaciones del informe encargado por las autoridades del Territorio del Norte, que reveló la existencia de abusos sexuales a niños a gran escala entre los aborígenes de ese estado a causa de la pobreza, el alcoholismo y el desempleo, y que esgrimió el Gobierno para justificar esta iniciativa legislativa.
Quejas de varias ONG
Grupos aborígenes, organizaciones no gubernamentales y otros organismos, los Verdes y el Partido Demócrata ven esta propuesta como una estrategia del Gobierno para modificar las leyes que devolvieron tierras a los aborígenes.
La propia comisión del Senado que analizó el asunto expresó sus dudas legales sobre las medidas para compensar a los aborígenes por la apropiación de sus tierras, porque establece la indemnización de una "cuantía razonable" sin establecer que el pago se efectúe "en condiciones justas", como regula la Constitución.
