El sector conservador del Constitucional gana una batalla que pone en peligro el Estatut
La abstención de la presidenta y del vicepresidente del TC en el debate de la reforma de la LOTC da un vuelco a la relación de fuerzas entre conservadores y progresistas
El sector conservador del Tribunal Constitucional (TC) ha logrado ganar la primera batalla de una guerra que podría acabar en la declaración de inconstitucionalidad de gran parte del Estatuto de Cataluña. Los conservadores han logrado que se acepte la abstención de la presidenta y del vicepresidente del TC en el debate sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En esta situación, dicha reforma será rechazada con toda seguridad.
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La importancia de esta reforma estriba en que si no pasa el filtro del TC, no será posible que se prolongue el mandato de Maria Emilia Casas como presidenta del Tribunal, que sería sustituida por un magistrado conservador. En esta situación, el debate sobre los recursos presentados contra el Estatut se produciría con una mayoría conservadora, favorable a tomar en consideración los recursos planteados por el PP.
La maniobra conservadora
Tal y como permite la ley -con gran escándalo, según fuentes jurídicas- el magistrado más antiguo, Vicente Conde -de perfil conservador-, ha utilizado los poderes del presidente y ha emitido un voto doble, un voto de calidad, que ha decantado el resultado de las votaciones, empatadas hasta entonces a cinco. Este es el primer paso para que, con esta correlación de fuerzas, el TC pueda aceptar lo que más conviene a los intereses del PP. Por ejemplo, tumbar la reciente reforma de la Ley Orgánica del Constitucional, aprobada por las Cortes en mayo con la única oposición de los populares.
Esta decisión afecta a la prórroga del mandato de la presidenta del Tribunal y a la forma de elección de los nuevos miembros del Constitucional, pero fuentes jurídicas interpretan que esta nueva correlación de fuerzas, con cinco progresistas frente a cinco conservadores y con un voto de calidad para estos últimos, puede poner en peligro muchos de los asuntos que ha impulsado el Gobierno y que sistemáticamente ha impugnado el PP, entre ellos el Estatut, la ley matrimonios homosexuales, etc...
Los jueces se reunirán de nuevo el 8 de octubre para estudiar el nuevo auto en el que aceptan definitivamente la abstención de la presidenta y el vicepresidente. A partir de ahí, se inicia un nuevo juego de equilibrios en el que el Gobierno podría recusar a dos magistrados para restablecer el antiguo correlación de fuerzas.
