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Aprobada la Ley de Memoria Histórica

Según una modificación de última hora, se permitirá a la Iglesia mantener símbolos de la dictadura y la guerra invocando razones artístico-religiosas

Una placa en memoria de Franco (Foto: J. Torres)(Javier Torres / Cadena SER)

Una placa en memoria de Franco (Foto: J. Torres)

El Congreso ha aprobado hoy, con la oposición de PP y ERC, la Ley de Memoria Histórica que, según una modificación acordada a última hora, permitirá a la Iglesia invocar razones "artístico-religiosas" para no tener que retirar de sus edificios símbolos conmemorativos de la Guerra Civil o la Dictadura.

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Este cambio en la norma se ha plasmado a través de una enmienda transaccional, pactada por PSOE y CiU y firmada por PNV y CC, que establece que la retirada de escudos, insignias y placas conmemorativas del franquismo "no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha sido la encargada de abrir el debate con una intervención en la que ha asegurado que en la ley no hay ni una sola línea que no pueda ser respaldada por cualquier demócrata, porque todos sus artículos responden a principios que "todos podemos compartir". La esencia de la norma es, según la vicepresidenta, el reconocimiento y ampliación de derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la recuperación individual de su memoria personal y familiar.

Espíritu de concordia

La vicepresidenta ha negado, como se ha dicho -recordó-, que la ley suponga violentar el espíritu de concordia de los españoles, que reabra viejas heridas o que sea una norma innecesaria. "Nada más lejos de la realidad", ha enfatizado De la Vega, quien ha repasado para argumentar su afirmación algunos de los aspectos más destacados de la ley, como el rechazo a toda forma de violencia y persecución basada en la intolerancia o la ilegitimidad de los tribunales y condenas del franquismo.

 
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