Segundo día sin abortos

Las mujeres que esta semana se acerquen a una clínica privada para abortar se encontrarán con la puerta cerrada. Casos como los planetados hoy por el diario EL PAÍS, en los que una mujer sufrió un ataque de nervios cuando acudió a un centro para interrumpir su embarazo y se dio cuenta de que no podía hacerlo hasta el próximo lunes, se repetirán hasta el sábado. Situaciones como ésta son las que alimentan las exigencias de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que piden que este servicio sea considerado una prestación sanitaria básica y legal. La asociación que representa a las 38 clínicas en huelga se reunirá hoy con autoridades de la Comunidad de Madrid y con su fiscal jefe, Manuel Moix.

"Sólo en esta semana se dejarán de realizar, aproximadamente, entre 1.500 y 2.000 interrupciones del embarazo, lo que pone de manifiesto que el recurso al aborto es una prestación necesaria, una realidad innegable que debe ser atendida sino queremos generar un grave problema de salud pública", han advirtido desde ACAI, dispuesta a seguir ejerciendo desde sus centros "los servicios ginecológicos, de información y de educación sexual que les sean requeridos".

El aborto "debe salir ya del Código Penal" ya que, según esta asociación, "carece de sentido que un derecho sexual y reproductivo de la mujer esté sujeto a una consideración de esta naturaleza".

A este respecto, el líder de la oposición, Mariano Rajoy ha declarado hoy en una entrevista a TVE que el PP no modificará la Ley del Aborto si gana las elecciones. "Lo que tiene que hacer el Gobierno es garantizar que se cumpla la ley", ha señalado el presidente del partido. "Tengo la sensación de que no se cumple la ley", ha sentenciado.

Paro histórico

La mayoría de las clínicas de abortos privadas de España secundó ayer una huelga que amenaza con mantener hasta el sábado. Más de 2.000 mujeres pueden verse afectadas por esta medida, sin precedentes en España.

Para encontrar el detonante de la huelga hay que remontarse al caso de las clínicas del doctor Carlos Morín, que fueron cerradas en Barcelona y éste acusado de practicar supuestos abortos ilegales. A raíz del caso, los centros, que realizan casi el 98% de los abortos en España, han denunciado que están recibiendo "presiones".